Durante la legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado medidas negativas para la actividad empresarial, las inversiones, el crecimiento y la creación de empleo. Es el caso de la Ley de Vivienda, una norma intervencionista, especialmente por sus topes al alquiler, que provocará alzas de los precios.
Asimismo, los impuestazos a banca y energéticas y la tasa a las grandes fortunas reduce la capacidad de inversión de estos sectores y de los mal llamados ricos. La reforma de pensiones también ahonda en el castigo a las empresas y los sueldos altos con el destope de las cotizaciones.
Y, por si faltara algo, existen importantes carencias en legislaciones como la laboral, con el maquillaje en las cifras de empleo que se ha creado al introducir la figura de los fijos discontinuos, y con la gestión de los Pertes, donde se acumula un gran retraso. Pues bien, el PP tratará de resolver todos estos problemas si sale victorioso tras las generales del 23-J.
De hecho, el equipo económico de Núñéz Feijóo ya trabaja para eliminar el tope del alquiler. También planea recuperar los incentivos fiscales en los planes de pensiones individuales y en acometer cambios radicales en la reforma de Escrivá para asegurar la sostenibilidad del sistema. En cuanto a los fondos Next-Gen, la realidad es que el PP tiene menos de un mes para desatascar los Pertes por lo que es probable que pida un aplazamiento. Y respecto a los impuestazos, los de Feijóo también acometerán reformas para paliar el golpe que suponen en su formulación actual.
Además, eliminarán la tasa a los "ricos". Toda una serie de cambios bien orientados en el objetivo de impulsar la economía y el empleo y que suponen la derogación de facto de las iniciativas más lesivas del sanchismo.
