Sólo se pueden derogar las reformas que se han realizado. Pero, el compromiso del Gobierno en el plan de recuperación de España de realizar una reforma fiscal no se ha abordado. Es cierto que se formó un comité de personas expertas que rindió informe el pasado año 2022, pero ninguna de las recomendaciones y propuestas, recogidas en más de 800 páginas se ha intentado legislar.
Ante esto, cabría preguntarse si España necesita una reforma fiscal. Como señalaba el célebre escritor Philip K. Dick "La realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece". La deuda pública supone un 113% del PIB, es decir más de 1,5 billones de euros. El pasado 2022 se cerró con un déficit público del 5%, y España no ha tenido superávit en sus cuentas públicas desde 2007, hace ya más de quince años. Por lo tanto, y como ha exigido reiteradamente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), España necesita presentar un plan de consolidación fiscal a medio plazo. Esto no sólo es una cuestión de que en Europa se vuelvan a implantar reglas fiscales, sino, especialmente, que el desequilibrio de las cuentas públicas compromete muchas cuestiones a medio y largo plazo, como el crecimiento económico y el estado del bienestar.
La situación fiscal a medio y largo plazo es bastante más complicada de lo que dan a entender las cifras. Hay varios factores que van a elevar el gasto público. El más inmediato es el de los intereses. Tenemos más deuda pública, pero, además, tenemos que pagar mayores intereses cuando se emiten nuevos títulos para financiar el déficit. Además, a medida que un título de deuda va venciendo hay que sustituirlo por uno que paga más intereses. El Banco Central Europeo (BCE) ha subido 4 puntos los tipos de interés, y su presidenta, Christine Lagarde, ha señalado que se van a mantener en este entorno mucho tiempo. Como la deuda pública tiene una duración media de ocho años, tiempo medio en el que hay que renovarla, en ese periodo, cabe esperar un aumento de gasto público anual sólo en intereses de unos 60.000 millones de euros. Esto significa que, para el final de la próxima legislatura, habría que prever un gasto adicional de 30.000 millones de euros en intereses, equivalente a toda la recaudación del impuesto de sociedades de 2022.
El otro factor que impulsa al alza el gasto es el envejecimiento de la población. Esto significa -por una parte- más gasto en pensiones. Además, las pensiones de los nuevos jubilados son más elevadas de media que las de los fallecidos, y afortunadamente, la esperanza de vida va en aumento. Hay que tener en cuenta que el principal gasto público, con muchísima diferencia, son las pensiones. Aquí sí ha habido una reforma de las pensiones, pero nuevamente según la Airef, los gastos adicionales que supone serán superiores a los ingresos adicionales previstos. Por si esto fuera poco, este factor, el envejecimiento de la población, presionará al alza el gasto público en sanidad y dependencia, que son también partidas presupuestarias muy importantes, especialmente la sanitaria que es el gasto público más importante después de las pensiones.
La necesidad de consolidación fiscal, es decir de reducir el déficit público, no sólo se puede, ni se debe, abordar desde el lado de los ingresos, con una reforma fiscal. Las consolidaciones fiscales más exitosas, y duraderas, son las que parten del control del gasto público. Esto no significa que muchas medidas no sean dolorosas, ni mucho menos que suprimiendo gasto superfluo se puedan arreglar todos los problemas fiscales. Sin embargo, también es cierto que si no hay un mínimo de ejemplaridad resulta sumamente complicado convencer a los ciudadanos de la necesidad de realizar esfuerzos.
En este sentido, otra reforma que tampoco es derogable, porque no se ha hecho, es la reforma administrativa. Aquí la digitalización y modernización de las Administraciones Pública podrían permitir ahorros. En cualquier caso, hay que ser conscientes de que el servicio prestado al público en múltiples ámbitos se ha visto deteriorado durante la pandemia, y que, en buena medida, ese deterioro no se ha revertido. En cualquier caso, la reforma de la función pública, que estaba en trámite en el Congreso cuando se disolvieron las cámaras, fue objeto de durísimas críticas por parte de la totalidad de las asociaciones de funcionarios superiores. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) también criticaba esta reforma porque debería tener como objetivo "mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas para que estas puedan servir mejor los intereses de los ciudadanos-- y no la mejora de las condiciones de trabajo o la "ampliación de derechos" de los propios servidores públicos". Esto indicaba que esta reforma, que habrá que reemprender, es sustancialmente mejorable.
Aunque no ha habido una reforma del sistema fiscal, sí que se han creado nuevos impuestos y gravámenes, entre otros, el impuesto sobre determinados servicios financieros o "tasa Tobin", impuesto sobre determinados servicios digitales o "tasa Google", el gravamen temporal a entidades de crédito, el gravamen temporal a las energéticas, el impuesto a las grandes fortunas, y el nuevo impuesto al plástico. Aquí, el gobierno se comprometió a derogar la tasa "Google" en un acuerdo político con Estados Unidos y otros países, cuando entre en vigor el Pilar I de la OCDE, es decir, una parte del acuerdo internacional para que las multinacionales paguen, una parte, del beneficio donde realmente lo generan. Dada la escasa recaudación de este impuesto, cuando eso ocurra saldremos claramente ganando.
En general, y no sólo porque lo exija la Constitución, los impuestos deberían formar un sistema, y no ser un conjunto deslavazado de figuras inconexas. Algunas de ellas, como los "gravámenes temporales" ni siquiera son "formalmente" parte del sistema fiscal porque no son impuestos (al menos según el BOE). Además de que hay que sistematizar, una reforma fiscal es necesaria para simplificar el sistema, hacer más comprensibles las obligaciones a los contribuyentes y garantizar mejor sus derechos.
Por supuesto, los impuestos sirven para recaudar los fondos necesarios para financiar los servicios públicos. Pero casi toda la recaudación procede de los grandes impuestos estatales, fundamentalmente IRPF e IVA, y no de la pléyade de nuevos impuestos y gravámenes que se han ido creando. De hecho, la decisión recaudatoria más importante que ha tomado el gobierno fue no adaptar en absoluto el IRPF a la inflación. Esto ha dado lugar a que los españoles pagásemos el pasado año el tipo efectivo del IRPF más elevado de la historia, aunque batiremos este récord en 2023.
Incluso en algunos de los nuevos gravámenes no son las grandes empresas, ni los ricos, los que acaban asumiendo la carga económica. Por ejemplo, España es uno de los países de Europa cuya banca retribuye menos los depósitos, mientras que sí ha repercutido la subida de intereses en los créditos. Esto, casualmente, coincide con la introducción de un gravamen sobre el margen financiero a los grandes bancos. También es cierto, que, aquí, además hay un problema de falta de competencia y exceso de concentración en el sector.
Probablemente, algunos de estos nuevos impuestos sean derogados o modificados sustancialmente por un nuevo gobierno. Pero, lo más importante, es que se aborde una reforma del sistema fiscal dentro de un proceso de reequilibrio presupuestario, que además tiene que en cuenta también los gastos y potenciar el crecimiento económico. No es fácil. Pero, como se ha visto, a menudo las peores reformas son simplemente las inderogables, es decir las que no se hacen.
