El PP ya trabaja en la modificación de polémicas medidas que heredará de Pedro Sánchez en caso de que el partido gane las generales del 23 de julio. Es el caso de las tasas temporales (2023 y 2024) a la banca y energéticas, los conocidos impuestazos, con las que el Gobierno espera recaudar cerca de 3.000 millones anuales. Los populares no plantean derogar estos gravámenes, pero sí acometer una profunda modificación de ambos.
Con respecto al impuestazo a la banca, los de Núñez Feijóo planean destinar los ingresos que se obtengan a un fondo social para ayudar a los más vulnerables. Una medida que sería positiva, ya que en su configuración actual, la recaudación de este tributo solo sirve para engordar la recaudación, por mucho que la ministra María Jesús Montero venda que no se trata de "una tasa confiscatoria".
Respecto a la tasa al sector energético, el PP estudia una importante modificación que implica que el gravamen recaiga sobre los beneficios obtenidos por las compañías y no los ingresos, como ocurre con sus formulación actual. Este cambio no puede ser más acertado. Para empezar, España es el único país donde la tasa tiene en cuenta la facturación, lo que tiene visos de ser ilegal. De hecho, el sector ya ha recurrido la normativa y será la Justicia la que decidirá.
Pero más allá de ajustar el impuestazo a la ley, el cambio del PP implica una importante rebaja en la cantidad que la industria energética tiene que pagar, ya que solo gravará las ganancias que las empresas obtengan en el mercado nacional y no los ingresos. Este recorte minimizará el golpe que para la competitividad de las energéticas supone el impuesto, lo que beneficiará a la acción y aumentará la capacidad del sector para acometer inversiones con las que impulsar la transición ecológica.
