Madrid
El rechazo a la Ley de Vivienda es prácticamente unánime en el sector y entre los economistas. Una posición comprensible ante una normativa que incluye medidas como el tope a los alquileres.
Un intervencionismo que lo que provocará es el efecto contrario al pretendido de bajar los precios. De hecho, los incrementará ya que la ya exigua oferta será aún menor ante la lógica huida de los propietarios, que sacarán sus activos del mercado al no poder subir las rentas. Por si fuera poco, la normativa incluye otras iniciativas que amenazan con reducir todavía más los pisos para compraventa y alquiler. En concreto, se trata del incremento de las reservas de suelo destinado a vivienda protegida en los nuevos proyectos urbanísticos (del 30% al 40% en zona rural y del 10% al 20% en suelo urbanizado). Vaya por delante que el fin de esta medida no es negativo, ya que busca impulsar la construcción de VPO, que presenta una alarmante carencia en nuestro país. El problema es que la normativa no ha fijado un régimen transitorio, que es lo normal en estos casos, y deja en manos de las distintas comunidades autónomas si esta modificación afectará a proyectos ya planteados o en desarrollo. Esta falta de concreción podría hacer inviables muchos proyectos. Una situación que se habría evitado si el Gobierno hubiera hablado con las patronales inmobiliarios del tema. Se demuestra así que la Ley de Vivienda se ha hecho con prisas y sin contar con las empresas debido al claro interés electoral que el Ejecutivo parecía buscar en su aprobación. Todo ello ha configurado una normativa intervencionista y perjudicial para el sector y para los ciudadanos, ya que provocará una reducción de oferta que promoverá alza de precios en el futuro.
