Bruselas recomendó esta semana a España un ajuste del 0,7% del PIB de 2024, el equivalente a unos 9.700 millones. Con ello, señala directamente a las medidas energéticas, que cuestan 8.000 millones, y a las bonificaciones para el transporte público y los descuentos en carburante a los profesionales, que suponen 1.600 millones. La suma de ambas cifras prácticamente cubre el recorte que reclama la UE.
La bajada de la electricidad y los combustibles convierte estas subvenciones en innecesarias. No en vano, el litro de gasolina cuesta casi igual que antes de la escalada de la inflación. Urge, por ello, que el Ejecutivo escuche el mensaje de Bruselas y ponga fin a las ayudas. Así cumpliría con la senda fiscal respecto al déficit y se evitaría reducir en partidas más necesarias.
