Madrid
Desde la foto desangelada en la puerta de servicio de la Casa Blanca, solo fané y descangayado que diría Carlos Gardel, hasta la inmoralidad de la compra de votos en Melilla y en Mojácar, Sánchez y Moncloa han convertido la campaña electoral del 28-M en un mercadillo, real y virtual, del sufragio con promesas de viviendas, de viajes para jóvenes, de cine para mayores, paridad y sanidad pública. Promesas, que no realidades, con las que intentar tapar, sin conseguirlo, los escándalos de las rebajas de penas y excarcelaciones de los violadores, de la "ley Trans", de la corrupción del Tito Berni, de los indultos a los golpistas catalanes y de los asesinos etarras candidatos en las listas de Bildu, socio preferente del Gobierno.
Una orgía de gasto para hacer lo que han sido incapaces de hacer en cinco años de legislatura, que, unas son irrealizables en su mayor parte y otras forman parte de acuerdos con las autonomías que están esperando todavía los dineros prometidos y que, además, se hacen justo en el momento que la Comisión Europea exige a España un recorte de 9.300 millones de euros para cumplir el objetivo de déficit del 3%, en un año electoral y que pone en evidencia la gestión económica que, Moncloa y el PSOE han intentado utilizar también en la campaña para evitar hablar de sus errores legislativos y sus pactos con los enemigos de España y de la democracia para mantenerse en el poder.
Un gestión económica que, pese a los cantos de sirena de la sociedad Sánchez&Calviño y compañía, muestra que seguimos en el furgón de cola de la UE siendo el único estado miembro que todavía no ha conseguido alcanzar el PIB previo a la pandemia, con una variación interanual que confirma una desaceleración del 4,8% al 2,7% entre el tercer y el cuarto trimestre de 2002.
Que la inflación subyacente en los últimos doce meses sigue en el 7,5%, mientras los alimentos se han encarecido un 16,5% en marzo. Que los hogares españoles son los que más poder adquisitivo han perdido de los países desarrollados con una caída del 5,1% en su renta disponible respecto a 2019, inicio de los gobiernos del sanchismo, mientras en el conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la media ha crecido un 0,8%. Y que en España hay más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión.
A ello se suma una deuda pública desbordada que ha alcanzado un nuevo máximo histórico del 113% del PIB. Deuda que, como es sabido, se trata de un impuesto en diferido que provoca estancamiento económico, menos servicios y más fiscalidad.
Eso en un país en el que los contribuyentes soportamos un esfuerzo fiscal sobre la renta disponible superior en un 53% a la media de nuestros socios de la UE. Mientras que la presión fiscal sobre las empresas es del 32,5% frente al 23,5% de media de la los veintisiete estados miembros de la UE.
Y si hablamos del mercado laboral vemos como estas políticas económicas están teniendo un claro impacto negativo en la creación de empleo, como reconoce el propio Ministerio de Asuntos Económico en el Programa de Estabilidad 2023-2026 enviado a Bruselas, que retrasa hasta 2026 -un año más- la caída de la tasa de paro al 10%. Que tenemos 3.966.834 parados reales, casi un millón más de los que figuran en las cifras maquilladas de un Ministerio de Trabajo cuyas medidas están troceando el empelo y creando una situación donde tener un contrato indefinido ya no implica tener un salario que permita llegar a fin de mes, además de tener un millón de hogares en los que todos sus miembros están en desempleo.
Y estos son datos de la economía real. Cifras contrastadas por organizaciones nacionales e internacionales como el Banco de España, Funcas, la Unión Europea y la OCDE. Datos que, como el algodón no engañan, y que también forman parte, o deberían, de la reflexión y de la decisión a tomar ante las urnas, aunque en la campaña se falseen o se traten de ocultar.
