Madrid
El Gobierno reconoció en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas a finales de abril del peligro que para la sostenibilidad de las cuentas públicas supone el nuevo contexto de subidas de tipo en la eurozona.
De hecho, asegura que el endurecimiento de la política monetaria y la decisión que tomó el BCE de dejar de adquirir deuda de los países de la eurozona supondrá una mayor carga de intereses.
En concreto, el Ejecutivo espera pagar en 2026 el 2,9% del PIB, lo que supone que la factura por la deuda engordará en 14.900 millones, hasta alcanzar los 46.500 millones. Un elevado encarecimiento que corroboran Funcas y BBVA Research, pero que consideran asumible para las arcas públicas.
La razón de ello no está en la política económica impulsada por el Gobierno hasta ahora, que ha elevado el gasto público, sino en la la gestión prudente del Tesoro, que ha aprovechado el entorno de bajos tipos de interés del pasado para suavizar ahora el efecto del cambio de la política monetaria sobre la carga de intereses. Para conseguirlo, el organismo ha alargado la vida media de la deuda hasta los 8 años, lo que limita la necesidad de refinanciación anual y palía la factura de las alzas de tipos sobre los intereses en los próximos años.
El problema es que la nueva deuda y aquella que se vaya renovando lo harán a un coste mucho más elevado, lo que puede suponer un problema más importante a partir de 2026. Es por ello necesario que el Gobierno que salga tras las generales de diciembre afronte una hoja de ruta clara de reducción de gasto. Será la única forma de evitar que el alto endeudamiento público, 113,2% respecto al PIB en 2022, no ponga en peligro la sostenibilidad de las futuras cuentas públicas.
