Madrid
Un año más, en este Primero de Mayo salimos a las calles con un objetivo claro: luchar por los derechos de las personas trabajadoras, por la igualdad en nuestro país y por la justicia social. Y lo hacemos reivindicando la necesidad de que nuestro país abogue por políticas que favorezcan a los que más lo necesitan. Ante una época de inflación desmesurada, un aprovechamiento de las empresas para maximizar beneficios y un ahogo continuo hacia las personas trabajadoras, desde los agentes sociales hemos luchado para que la desigualdad se reduzca poco a poco. El diálogo social y la concertación se han convertido, una vez más, en elementos clave para ello, y han dado sus frutos en el último año. Se ha multiplicado por cinco la contratación indefinida gracias a la reforma laboral, se ha subido el SMI un 64% en los últimos siete años y se ha logrado un acuerdo para subir las pensiones un 8,5%.
Es evidente que el reparto de la riqueza es una condición necesaria para la justicia social y el mantenimiento de un estado de bienestar sólido y avanzado. Y para alcanzarla, es importante potenciar el diálogo social en todas sus facetas. A día de hoy, más que nunca, hemos demostrado que la concertación social es un elemento principal para avanzar en derechos, y por ello no puede depender de quién gobierne ni de los próximos resultados electorales. Y lo digo ahora, precisamente, porque este mes de mayo nos jugamos el futuro de los próximos 4 años. Es indispensable que se lleven a cabo mejoras en los servicios de empleo, donde claramente hemos denunciado desde UGT la falta de recursos tanto materiales como humanos. Este país necesita aumentar el número de personas orientadoras que permitan acompañar y orientar en el proceso a los casi tres millones de parados existentes. Y es importante que los salarios suban acorde a la vida. Con la inflación desbocada, la negativa de la patronal a subir salarios no hace más que empobrecer a las personas trabajadoras, que ven como su poder adquisitivo sigue, poco a poco, disminuyendo.
No es ni mucho menos de recibo observar como las grandes empresas de nuestro país se vanaglorian de conseguir beneficios estrepitosamente elevados. Récords de beneficios que consiguen a costa de los consumidores. Y lo peor de todo, que encima son los mismos que después se niegan o se resisten a subir los empleos a sus trabajadores, en subidas que realmente son irrisorias comparadas con los beneficios conseguidos. Estas grandes empresas son las que marcan el ritmo de la economía, poniendo los precios a su gusto y haciendo sufrir no solo a los trabajadores y trabajadoras, si no también a las pequeñas empresas y a los autónomos que son subcontratados con cláusulas abusivas.
Este primero de mayo, además, lo recibimos con un gran logro conseguido. Este pasado mes de marzo conseguimos alcanzar un acuerdo definitivo para la reforma de las pensiones. Un acuerdo, la segunda parte del que ya hicimos en 2021, donde por primera vez, se actúa sobre los ingresos del Sistema de Seguridad Social y no sobre los gastos, que suponía recortar cuantía o derechos a las y los pensionistas. Esta reforma ha permitido llevar a cabo aspectos como la subida de las pensiones máximas (actualmente, se sitúan en 3.059 euros mensuales por 14 pagas) y que se revalorizarán anualmente con el IPC, como el resto de las pensiones, más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulados cada año desde 2025 hasta 2050. A partir de ese año y hasta 2065 habrá 'incrementos adicionales' de la pensión máxima. Pero también subirán las pensiones mínimas. Lo harán progresivamente, desde 2024 hasta alcanzar en 2027 el 60% de la renta media correspondiente a un hogar con dos adultos, tomando como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo. Esto supone un alza de alrededor de un 22%. Así, la pensión mínima contributiva con cónyuge a cargo pasará de 966,20 euros al mes a 1.178,50 euros, es decir 16.500 euros en 14 pagas en el año.
Y este acuerdo también beneficiará a las mujeres, porque trata de suplir las lagunas o interrupciones de las carreras laborales, algo que afecta sobre todo a las mujeres. Incluye, durante más años, una mayor cobertura para las mujeres. Además, el complemento de la brecha de género de las pensiones se incrementará un 10% adicional a la revalorización anual" en los próximos dos años, 2024 y 2025.
Y quiero terminar, reclamando para este primero de mayo unos servicios públicos accesibles, gratuitos y de calidad. Sin servicios públicos fuertes, el Estado del Bienestar y el Estado Social Democrático no pueden sostenerse. Por ello, es esencial impulsar cuestiones como empleo público de calidad no precarizado, derecho a una vivienda digna para todas las personas como un derecho real, un pacto por la sanidad que garantice la sostenibilidad del sistema y garantizar unos servicios sociales de cuidados como un pilar de bienestar, junto con un modelo energético social que frene la pobreza energética. Y también exigimos una educación de calidad universal, ya que ésta es garantía de equidad social. Sin educación ni formación no hay ascensor social.
