A cualquier observador de la política española actual no dejará de sorprenderle y de molestarle que en los debates de estos últimos años el Gobierno jamás conteste a las críticas o propuestas de la oposición. Ilustraré esta afirmación con dos ejemplos que han estado en el candelero las últimas semanas: Ferrovial y el Coto de Doñana.
Hace unos días la junta general de accionistas de Ferrovial aprobó una fusión entre la matriz, Ferrovial, S.A. y Ferrovial International. Esta segunda filial al 100% de Ferrovial y domiciliada en los Países Bajos ya era titular del 86% de los activos de la compañía. La decisión supuso el traslado de la sede desde España a los Países Bajos.
Ferrovial fue fundada por Rafael del Pino y Moreno en 1952, como una empresa dedicada a la ejecución de obras ferroviarias. Sus primeros trabajos consistieron en la renovación de vías para Renfe y la explotación de talleres de traviesas. En 1954 logró su primera obra internacional: un proyecto ferroviario en Venezuela. Hoy su presidente es uno de los hijos del fundador y de su mismo nombre, Rafael. Al padre, al fundador de Ferrovial, lo traté hace años y recuerdo una comida en la que pude observar la inteligencia de aquel hombre, y lo que más llamó mi atención: su sentido del humor y su ironía.
Pues bien, hoy Ferrovial es una multinacional y sus portavoces se han cansado de repetir que su instalación en Holanda (me cuesta escribir Países Bajos) les permitía entrar en la bolsa de Nueva York, cosa que no podían hacer teniendo la sede en Madrid. Y la ministra del ramo se ha cansado de negar que eso fuera cierto… y sí era cierto. Toda la basura que han intentado echar desde el Gobierno contra Ferrovial se la pueden meter por donde les quepa en sus extraordinarias tragaderas.
En lo tocante a Doñana, la ministra Ribera, abducida como está por el ecologismo radical, se ha dedicado a insultar al presidente de Andalucía asegurando que cerrará los pozos ilegales antes de 2025. Pero es que la propuesta de la Junta andaluza lo que pretende es sustituir esos pozos por regadía de superficie. Y es que, como ha recordado Emilia Landaluce1, "la izquierda se acuerda de los pozos ilegales en elecciones y cuando no gobiernan. (Lo que ahora llaman pozos ilegales funcionan desde hace cuarenta años). De hecho, en 2017, para dotar los regadíos de Huelva se tramitó un trasvase del Guadiana (embalse de Chanza). Y eso lo llevó en 2018 el propio Sánchez a las Cortes. Pero Teresa Ribera no ha ejecutado las obras de ese trasvase. No les importan los miles de familias (100.000 puestos de trabajo) que viven de la fruta que se cultiva en el entorno de Doñana".
Y yo me pregunto: ¿por qué Ribera se niega a hablar de ese trasvase, que evitaría que las producciones agrícolas que hoy viven del acuífero regaran con agua del trasvase?
Y la respuesta es puramente ideológica: a los ecologistas actuales eso de los trasvases y los embalses no les mola. ¿Por qué? Ellos sabrán. Quizá porque Franco hizo el trasvase del Tajo y unos cuantos embalses. Por eso los trasvases y los embalses son franquistas.
