Adjudicar contratos menores -aquellos que no llegan a 15.000 euros en el caso de la prestación de servicios o de 40.000 euros en la realización de obras- es una práctica totalmente legal.
Otra cosa es que se produzca un abuso y que, como ocurre en el caso del Ministerio de Igualdad, haya numerosas adjudicaciones por 14.999 euros. Es decir, a un euro tan solo del límite para tener que realizar una licitación.
Es el caso, por ejemplo, de un contrato adjudicado a CCOO, sobre el que pueden existir dudas acerca de su transparencia. La ministra Irene Montero realiza, de hecho, numerosas adjudicaciones a las mismas empresas. En total, el Gobierno ha adjudicado en lo que llevamos de legislatura 158.000 contratos menores. A dedo y sin competencia.
