La moción de censura nubló durante cuarenta y ocho horas la imagen de la situación social, política y económica del país, emborronada detrás de los tediosos discursos del presidente y la vicepresidenta segunda del Gobierno. Ninguno de ellos fueron rebatidos por el candidato, a pesar de contener argumentos repletos de medias verdades y datos, en su mayoría, manipulados cuando no falaces. Pero el paso del tiempo es inexorable y volvimos a la realidad.
En el ámbito económico lo hemos hecho con la publicación del informe trimestral del Banco de España que modifica al alza la previsión de crecimiento del PIB para 2023 hasta el 1,6%, alejado en medio punto de la previsión del gobierno, pero en línea con otros organismos nacionales e internacionales, desde Funcas al BBVA, desde el FMI a la OCDE. Asimismo, avanza que la inflación para el conjunto del año se situará en el 3,7% como consecuencia, básicamente, del efecto escalón respecto a la subida de precios de 2022 y a la evolución de los precios de la energía.
Como viene siendo habitual, estos datos, como ocurrió con los de inflación conocidos el 30 de marzo, han sido aprovechados por varios portavoces del gobierno, algunos incluso con apariencia de independientes, para echar las campanas al vuelo respecto a la situación económica del país. Sin embargo, si nos alejamos del voluntarismo y nos detenemos en lo que nos dicen el conjunto de las cifras, tendremos una visión más próxima a la verdad.
En este sentido, conviene advertir que la previsión de crecimiento del Banco de España del 1,6% para 2023, supone un duro frenazo si se compara con el del año anterior, que alcanzó, como ha ratificado el INE, el 5,5% del PIB. Siguiendo a este organismo, podemos decir también que el primer trimestre ha cerrado con una progresión del 0,3%, siguiendo la estela del raquítico crecimiento del 0,2% del PIB en el segundo semestre del 2022.
Convendría advertir también que estos datos son la señal en primer lugar, de que el rebote posterior a la pandemia se ha terminado, sin que hayamos alcanzado los niveles de producción previos a la misma y, en segundo lugar, que este crecimiento ha evolucionado con precios elevados, en un contexto de déficit del 4,8% del PIB, a pesar de contar con una recaudación que ha batido todos los registros al superar los 255.000 millones de euros, y de la deuda como consecuencia del derroche de gasto público que preside la acción del gobierno. En otras palabras, este avance del PIB es exiguo, deficitario y endeudado.
La previsión de crecimiento del Banco de España del 1,6% para 2023, supone un duro frenazo si se compara con el del año anterior
La inflación seguirá moderándose en los próximos meses y durante este año como se señala más arriba. Conviene advertir, no obstante, que los precios tienen un valor acumulativo, de forma que si el año pasado cerraron al 5,7% y en el 2023 finalmente lo hacen al 3,7%, como pronostica el Banco de España, esto no significará que hayan bajado dos puntos, sino que crecerán, aunque menos que el año anterior, por eso, no parece razonable dejarse llevar por la euforia.
Además, porque la inflación subyacente se situará, como señala el mismo informe, en el 7,6%, lo que representa alcanzar niveles inéditos desde que existen registros, reflejando que los incrementos de costes se han incrustado en el conjunto de la economía. Especial mención, por el impacto social que tiene, merece la subida del precio de los alimentos que seguirá en dos cifras, en concreto, en el 12,2%.
La renta per capita española ha bajado desde los 25.180 euros previos a la pandemia hasta 24.590 euros a finales de 2022
Esto es lo que explica en mayor término, la pérdida de poder adquisitivo de las familias que hace que la renta per cápita, medida en términos de poder de compra, haya caído especialmente en España, como acaba de señalar la oficina estadística de la Unión Europea Eurostat. Efectivamente, una vez superada la crisis financiera se inició un período de convergencia en este valor que transcurre entre 2013 y 2017 en el que se situó en el 93% de la renta media de la UE.
A partir de ese momento, entró en un período de estancamiento durante los años 2018 y 2019 para posteriormente caer hasta el 85%, lo que llevó al conjunto de los españoles a ocupar el puesto decimoctavo de los 27 países que forman la UE. En otros términos, la renta per cápita española se ha situado en 2022 un 15% por debajo de la renta de la UE-27 y, si nos referimos a la eurozona, el porcentaje se eleva al 23%.
Los caminos han sido divergentes, porque la renta per capita española ha bajado desde los 25.180 euros previos a la pandemia hasta 24.590 euros a finales de 2022, en tanto la de la Unión Europea ha avanzado desde los 28.050 euros a 28.810 euros y la de la zona euro desde 31.300 euros a 31.830 euros.
El gobierno y sus portavoces mediáticos y políticos se empeñan en ocultar la realidad de que los españoles somos más pobres que antes de la pandemia como evidencian estos datos, por mucho que traten de tergiversarlos o solaparlos utilizando la moción de censura, los largos discursos, la propaganda o el tan publicitado como desconocido escudo social. Su acción de gobierno en lo que al nivel de renta de los españoles se resume en haber empobrecido a las familias españolas.
