La aprobación de la reforma de las pensiones esta semana en el Congreso ha hecho que muchos españoles nos volvamos a preguntar si habrá dinero para todos en el futuro. El ministro Escrivá se despachó la víspera con una entrevista en el diario oficial en la que acusaba a instituciones críticas como BBVA Research ó Fedea (vinculada al Banco de España) porque "llevan 20 años equivocándose". ¿Lleva razón Escrivá o es rehén del Gobierno y de sus socios?
Cuando llegó al cargo en 2018, Escrivá acabó con la limitación al 0,25% anual del alza de las prestaciones, a través del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) diseñado por su antecesora, la ex ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y con el factor de sostenibilidad, que obligaba a una revisión adicional en función de la esperanza de vida. Ambas medidas, junto al incremento progresivo de la jubilación hasta los 67 años, garantizaban la sostenibilidad de las pensiones a costa de reducir el poder adquisitivo de sus beneficiarios.
La marcha atrás de Escrivá se ejecutó en dos fases. Primero cargó a los Presupuestos Generales del Estado el coste de las pensiones de las clases pasivas y de las no contributivas, lo que él denomina como "gastos impropios", para lograr un equilibrio de la Seguridad Social, cuyo déficit sigue creciendo a pasos agigantados. Además, sustituyó el citado IRP por la revalorización de las pensiones con el índice de Precios al Consumo (IPC).
Esta decisión es la madre de todas las batallas, ya que por sí sola tendrá un coste de 2,7 puntos del PIB en 2050, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la única que respeta Escrivá, quizá porque la presidió antes de ser ministro.
Unos 32.000 millones en relación con el PIB actual. Téngase en cuenta que la reforma Escrivá incrementaría el gasto en 2,4 puntos del PIB, es decir tres puntos inferiores al coste de vincular las pensiones a la inflación.
La medida fue respaldada por casi todo el arco parlamentario en el marco del Pacto de Toledo, excepto por VOX . Incluido, sorprendentemente, el PP de Pablo Casado, que se demarcó así de su antecesor. Alberto Núñez Feijoo votó este jueves en contra de la propuesta de Escrivá, aunque sigue a favor de la revalorización con el IPC.
El acuerdo ha traído desde entonces de cabeza a Escrivá, por las dificultades para cuadrar las cuentas. El ministro intentó contrarrestar su coste con la retirada de los incentivos a la jubilación anticipada, que reducirá en ocho décimas el gasto, y con la ampliación de 25 a 30 años de los años a tener en cuenta para el cálculo de la jubilación.
Escrivá cedió muy pronto ante los sindicatos y luego tuvo que aceptar sus reivindicaciones
Pero el asunto se torció por la oposición de los sindicatos y las presiones internas de su Gobierno, y amenaza con acabar en un descalabro para el sistema de Seguridad Social. Aquí empieza el rosario de concesiones, que termina en una reforma tipo Frankenstein, como la coalición de Gobierno. Escrivá cedió en primer lugar a la demanda de la izquierda de retirar el factor de sostenibilidad, lo que eliminó los ahorros conseguidos con el endurecimiento de las condiciones de jubilación, al incrementar en ocho décimas el gasto en pensiones.
El ministro ha reconocido a su círculo de amistades que lo hizo pensando en que luego lo compensaría con otras medidas, como alargar el período de cómputo para la prestación. Los más veteranos consideran que se equivocó de estrategia de cabo a rabo por ser un político novato. "Debería haber planteado las medidas más duras al comienzo y luego ir haciendo concesiones, porque al revés es imposible, como se ha demostrado".
Escrivá tuvo que tirar la toalla y reducir de 30 a 25 los años que computan para la jubilación. En última instancia introdujo una variable para intentar disimular su fracaso: amplió el período de cómputo a 29 años, pero eliminando los dos peores años, con lo que el ahorro logrado es nulo, siempre según las estimaciones de la AIReF.
La inflación del 8,5% el año pasado agravó la situación, ya que supondrá un coste adicional de 12.000 millones, que consolida sobre las bases de cotización. El Gobierno podría haber optado, como ha hecho el portugués, por ofrecer una paga extra para salvar este año excepcional.
Pero lo descartó por la cercanía de las elecciones municipales, autonómicas y generales, unido a la presión de la calle y de socios como el PNV, tras el movimiento de manifestaciones que nació en Bilbao. Escrivá se agarró al Pacto de Toledo como a un clavo ardiendo para cumplir con los compromisos.
A partir de ese momento se abrió la caja de Pandora y llenó su reforma de parches. Primero anunció un incremento de las cotizaciones sociales máximas y en última instancia tuvo que crear una tasa para los sueldos superiores a 54.000 millones, que denomina eufemísticamente de solidaridad, casi igual que el impuesto a los ricos. Asimismo, el factor de sostenibilidad lo sustituyó por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuyo gasto también duplicó, hasta alcanzar 1,2 puntos del PIB.
El coste es mucho mayor para las cotizaciones altas que las bajas. La aportación a la Seguridad Social de un mileurista crecerá en 1,2 puntos, pero la de una persona con más de 54.000 euros, lo hará entre diez y once puntos. Es decir, que el efecto se multiplica por diez. El ministro se suma así a la deriva populista del Gobierno consistente en pasar la factura de todas sus desgracias a las clases altas, en una especie de movimiento Robin Hood. El problema es que no hay ricos suficientes en España para sufragar sus ocurrencias. El conjunto de medidas sólo servirán para recaudar 1,1 puntos adicionales del PIB, con lo que dejaría un déficit anual de 1,3 puntos hasta 2050, casi 20.000 millones, para las generaciones venideras.
Ya tenemos la respuesta a nuestra cuestión ¿son sostenibles las pensiones? No. Entonces, se preguntarán, porqué la UE dará el visto bueno, porque introduce un regla de gasto que deber revisarse cada tres años. Una manera de dar una patada al problema hasta después de los comicios. En el año 2025, se revisará el esquema de gastos e ingresos y se exigirán medidas adicionales.
El problema de la reforma Escrivá no está sólo en la sostenibilidad, lo peor es el golpe para el empleo, sobre todo cualificado, según la AIReF. Sí, como lo oyen, el mismo que pretende fomentar Sánchez con sus giras internacionales o Yolanda Díaz con la reforma laboral y la subida de más del 60% del Salario Mínimo en tres años. El dicho de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda se hace realidad en este caso.
La reforma destruirá 90.000 empleos, la mayoría de calidad e impulsará más la economía sumergida
La AIReF asevera que "la evidencia empírica internacional concluye que un incremento de las cotizaciones sociales tiene un impacto negativo en el empleo". En el caso de España, por cada punto de cotizaciones se incrementará en tres décimas la tasa de desempleo en tres años, lo que significaría la pérdida de unos 90.000 puestos.
Lo peor es que el impacto es mayor en mercados de alta flexibilidad con empleos cualificados, donde alerta sobre una "movilidad hacia países de menor imposición" a la par de que perjudica la formación y "reduce la atracción de los inmigrantes más productivos". En los trabajos peor remunerados, el efecto será el "incentivar el paso de un empleo formal a otro informal".
El organismo se queja de la falta de contributividad de la reforma, ya que se carga la mano contra las cotizaciones más elevadas mientras que se topan las pensiones. Las rentas superiores a 54.000 euros sufragarán el 65% del coste de las medidas. Si a eso suma el pago de otros impuestos como el IRPF, la conclusión es demoledora.
Una renta de mil euros mensuales pasaría de abonar un gravamen del 36,5 al 37,45. Menos de un punto al alza, ya que su contribución al IRPF es nula. Por contra, una renta de 80.000 euros, que ahora abona a Hacienda el 52% entre IRPF y cotizaciones sociales, pasaría al 63%, prácticamente el doble que el anterior.
La AIReF señala además, que la presión fiscal de las rentas altas se acercaría a la de los países más ricos de la OCDE, con una productividad mucho más alta. Para más Inri, las previsiones de la Autoridad Fiscal están basadas en un alza de la productividad y del PIB a una tasa media anual del 1,5%. Una condición difícil de cumplir en el caso de la productividad, estancada desde hace más de una década. La reforma es un golpe bajo al empleo bien remunerado, así como la promoción y atracción de talento. Las pensiones en absoluto están garantizadas.
