A lo largo del último semestre, se han venido plasmando desde la Administración Pública importantes iniciativas que pueden suponer un antes y un después en España en la situación de la Compra Pública de Innovación (CPI), es decir, la contratación del desarrollo y/o suministro de productos innovadores.
Entre todas estas iniciativas, destaca la modificación de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI), que recoge, como novedad, una sección específica sobre la CPI (Art. 36 sexto) en la que, por fin, se definen sus diversas modalidades a efectos legales, se clarifica su marco jurídico y sus objetivos y se establece la obligatoriedad de su promoción por todas las AAPP, en colaboración y consulta con el mercado. Esta modificación sitúa a España a la vanguardia en la UE en la regulación y fomento de la CPI.
La modificación de la LCTI fomenta también la modalidad más avanzada de CPI, la Asociación para la Innovación (AI), un sistema de contratación por etapas (desarrollo-suministro) que permite establecer relaciones estables entre administraciones y proveedores, garantizando a estos últimos que los desarrollos innovadores que realicen en la primera etapa tendrán continuidad en la segunda, de resultar viables, como posteriores obras, suministros o servicios.
Por otro lado, la aprobación de la Ley 28/2022 de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como la Ley de Startups, concreta los mecanismos de planificación y programación de la CPI desde la Administración General del Estado (AGE) e impone la utilización de criterios de solvencia y adjudicación en las licitaciones de CPI que permitan concurrir en igualdad de oportunidades a pymes y startups, tradicionalmente perjudicadas en la contratación pública.
Igualmente, el Plan de Transferencia de Conocimiento (PTC) del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) prevé importantes aumentos de sus fondos para CPI, y la agilización de los procesos de transferencia presupuestaria a las AAPP que los soliciten.
Fondos FEDER
El volumen de CPI ha crecido significativamente en los últimos siete años, gracias entre otros a los esfuerzos del CDTI y del MICINN, que han canalizado importantes Fondos FEDER y NGEU, para licitaciones de la Administración Central, Autonómica y Local bajo más de cuarenta Convenios de colaboración por importe superior a 250 millones de euros.
Con este nuevo marco legal y la disponibilidad de fondos FEDER 2021-27 y NGEU estas cifras llegarán como poco a duplicarse, alcanzando valores impensables hace unos años. El momento es único y no debe desaprovecharse.
Desde CTA, con nuestro socio Cremades y Calvo Sotelo y nuestra experiencia conjunta en CPI estamos dispuestos a afrontarlo. Además, CTA lidera el proyecto europeo P5 Innobroker, un proyecto considerado estratégico por la Comisión Europea, que pretende así promover el lanzamiento y ejecución de iniciativas de CPI por su efecto dinamizador en el tejido empresarial y de modernización de las Administraciones Públicas. Llega el gran momento de la Compra Pública de Innovación.
