La Corte del Distrito de Amsterdam acaba de adoptar una decisión que puede suponer un giro radical para los arbitrajes de los fondos de renovables contra España. La decisión del juzgado, que permite que se pueda llegar a ejecutar fuera de Europa el cobro de los laudos, puede obligar a nuestro país a desembolsar más de 986 millones. La Comisión Europea, en un intento de reforzar el mercado único, quiere acabar con las disputas entre empresas de estados miembros, pero este cambio no se puede tomar a costa de socavar la seguridad jurídica de los inversores internacionales. Estados Unidos, Reino Unido y Australia están dispuestos a presionar a la Unión Europea para que compense adecuadamente a los fondos.
