Madrid
Aena sigue convencida de que la disposición adicional séptima introducida desde el Congreso en la Ley de Transporte es inconstitucional. La norma ha forzado a un nuevo equilibrio en el que Aena se ha visto obligado a renegociar a la baja las rentas acordadas con tiendas y restaurantes. La compañía ha querido darle la vuelta a la situación, pero el resultado no está siendo fructífero. Ninguna de las 56 cuestiones de inconstitucionalidad presentadas en los litigios en curso ha sido apreciada. Un balance judicial amargo para Aena con una normativa que para su presidente supone una transferencia de rentas directas desde una compañía pública a grandes grupos multinacionales, y que supone un golpe de 40 millones para las cuentas de la empresa.
