España fue el país europeo que más incrementó la recaudación por cotizaciones sociales que pagan las empresas en el estallido de la pandemia. En concreto, 1,1 puntos sobre el PIB, más del doble de lo que se incrementó para los trabajadores.
Son datos sorprendentes en el contexto en el que se producen, y que confirman que la estructura de la tributación en trabajo está descompensada y penaliza de más a los empleadores. De hecho, la brecha entre lo que aportan a las pensiones las compañías y los empleados es la más elevada de la UE, después de la de Estonia. Pese a ello, el Gobierno defiende seguir incrementando esta ya injusta presión. Un error que pasará factura en términos de creación de empleo y sostenibilidad de las propias pensiones.
