Madrid
E spaña espera con avidez la llegada del 1 de julio. Será la fecha en la que asuma durante seis meses la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, un papel que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende explotar de cara a las elecciones. Sin duda, los grandes éxitos del Gobierno se han batallado y vencido en el seno europeo, como es el caso de la excepción ibérica, y esta es una de las armas que todavía le quedan para revertir el complicado escenario que le plantean las encuestas.
Para ello, y para capitalizar sobre los lazos humanos, históricos, sociales, culturales, políticos, económicos y lingüísticos que unen a España y Latinoamérica,?el Gobierno ha marcado como uno de sus principales objetivos el estrechar relaciones con Latinoamérica mediante el acuerdo UE-Mercosur. España parece el Embajador por excelencia para avanzar estas negociaciones bajo su presidencia de la UE. Pero las demandas de países como Argentina para cerrar este acuerdo ponen en riesgo la transición energética de España y del conjunto de la Unión.
Argentina está aprovechando su actual presidencia de Mercosur para reclamar a la Unión Europea que no ponga fin al uso de biocombustibles procedentes de aceite de palma y soja para su uso en el transporte, tal y como ha propuesto el Parlamento Europeo en la revisión de la Directiva de Energías Renovables. La palma y la soja tienen un gran problema y es que su cultivo creciente está ligado a la deforestación, particularmente en Indonesia y en las masas forestales del Cerrado y el Amazonas de América del Sur. La destrucción de estos bosques libera grandes cantidades de gases de efecto invernadero, haciendo que los biocombustibles procedentes de aceite de palma o soja sean incluso más dañinos que los combustibles fósiles, a pesar de estar categorizados oficialmente como energías renovables.
La exportación de estos productos tiene un peso muy importante sobre la economía de países latinoamericanos como Argentina, Brasil y Paraguay, por lo que la decisión de la UE podría suponer un duro golpe para sus arcas. Por eso están reivindicando que los países miembros de la UE den marcha atrás en esta propuesta, aferrándose a que sería contraria a las normas del comercio internacional. Pero esta iniciativa europea de acabar con la palma y la soja en nuestros motores está basada en parámetros científicos rigurosos y reconoce eficazmente los impactos negativos sobre el clima y la biodiversidad que se derivan de una demanda sin frenos para productos agrícolas ajenos al sector de la alimentación. Es, en definitiva, una pieza fundamental del Pacto Verde Europeo.
La Unión Europea ya ha establecido que a partir de 2030 no podrán usarse los biocombustibles basados en aceite de palma para contribuir a los objetivos europeos de reducción de emisiones en el sector del transporte. Y muchos países han decidido adelantarse a esta fecha en una apuesta por la sostenibilidad. Francia ya ha dejado atrás tanto la palma como la soja, mientras que Alemania e Italia acabarán con el uso de la palma este mismo año. Otros 6 países ya han puesto fin al uso de estas materias primas en el transporte o se preparan para ello. España, principal consumidor de aceite de palma y soja en biocombustibles, es el único gran país europeo que no se ha pronunciado al respecto.
El Gobierno no debe caer en la tentación de ceder ante Argentina para cerrar este acuerdo a toda costa. La Unión Europea se ha fijado el ambicioso objetivo de liderar la transición energética mundial y eso supone evitar desviarse del camino marcado por el Pacto Verde Europeo. Por este motivo está actualmente revisando sus principales normativas de transporte, a través del paquete Fit for 55, para que los objetivos en este sector se ajusten a lo establecido en el Green Deal.
No solo está en juego la protección de nuestro planeta sino la competitividad futura de nuestra economía. Los biocombustibles procedentes de cultivos tienen fecha de caducidad y España no puede permitirse seguir apostando por ellos, menos aún cuando la guerra de Ucrania ha agravado la crisis alimentaria mundial y millones de personas están en peligro de inanición.
En vez de quemar cultivos para alimentar coches y camiones, a través en gran parte de materias primas importadas, nuestro país puede avanzar con éxito hacia un sistema de transporte autosuficiente basado principalmente en electricidad renovable. Para ello deberá reducir en los próximos años la actual dependencia de terceros países en las materias primas necesarias para la cadena de valor del vehículo eléctrico, así como asegurar que cualquier extracción de minerales que se realiza en el país cumple con los máximos estándares de sostenibilidad, haciendo que las personas que viven en las regiones afectadas sean beneficiarias y no víctimas de la transición.
No es momento de dar pasos en falso. La ley de subsidios verdes de Biden demuestra que el proteccionismo está regresando con fuerza en el escenario de la economía verde. Si la Unión Europea se doblega ante los países latinoamericanos, podría frenar su transición energética. Y ni Estados Unidos ni China tienen intenciones de perder esta carrera. La presidencia del Consejo de la UE le otorgará a España un especial poder de representatividad que nos permitirá tomar cartas sobre el asunto. España tiene la responsabilidad de evitar a toda costa que este acuerdo comercial se convierta en la tumba del Pacto Verde Europeo.
