La salida de la sede corporativa de Ferrovial de España ha provocado una polémica intensa no sólo por la importancia de sus consecuencias sino, sobre todo, por ser un outsider en un momento en que existen altas expectativas de atracción de inversiones al calor de la aplicación de los famosos 'fondos europeos'. Más allá de la polvareda política que se ha levantado hasta el punto de que el propio presidente del Gobierno acuse públicamente al principal accionista individual y presidente de la compañía de actuar contra el país (acusación al más puro estilo latinoamericano), la cuestión central es que Ferrovial es un exponente muy preciso de la falta de diplomacia económica que España tiene para con sus empresas.
La entrada de España en la Unión Europea y los procesos de privatización y liberalización de sectores desde los años ochenta y noventa han sido factores decisivos para explicar el éxito a la hora de atraer capitales del exterior. Un país que maneja entradas netas de inversión directa entre el 2,5% y el 3,5% del PIB anual y salidas netas también de inversión directa (operaciones más permanentes que abarcan más del 10% del capital de las compañías) en torno al 2% del PIB, debe tener un marco normativo estable y predecible ya que de no darse estos flujos, el potencial de crecimiento de España se reduce drásticamente. Esta posición de España no podría explicarse sin la aportación clave de las grandes compañías con sede corporativa en el país, pero muy especialmente en el sector de la ingeniería, construcción y servicios.
La gran internacionalización de la empresa española cuyo origen fue la construcción, pero que fue evolucionando hacia la ingeniería, procesos y servicios se ha convertido a lo largo de los años en una fuente de 'marca España'. A ello se añade el desarrollo de una potente industria de componentes, auxiliares y otros que han conformado la cadena de valor merecedora de participar en la mayoría de los principales concursos internacionales en materia de redes e infraestructuras. A pesar de algunos episodios complejos desde el punto de vista reputacional (de los cuales, la mayoría se han resuelto favorablemente) las compañías españolas han fortalecido el músculo económico nacional muy por encima de lo que a España le podría corresponder en términos de PIB. En no pocas ocasiones, desafiando el cumplimiento efectivo de las 'cláusulas de trato nacional' que rigen en los países europeos a la hora de hacer contratación pública, dado el choque competitivo entre empresas españolas y de los países de origen.
Esta aportación efectiva de las empresas al desarrollo en España no ha sido siempre correspondida a lo largo del tiempo por parte de los diferentes Gobiernos. Si bien las oficinas económicas y comerciales, así como otros agentes públicos, han apoyado a las empresas españolas cuando han tenido que presentarse a concursos importantes a nivel internacional, no ha sido una labor constante ni con la misma intensidad. Los Gobiernos (con independencia del signo político) han tendido a cuidar más a las empresas privadas que más dependen del Boletín Oficial del Estado que a otras empresas tanto grandes como medianas que trabajan en otros sectores independientes.
Es el caso del desarrollo de la protección de los sectores considerados como "estratégicos" que comenzó con el Real Decreto-Ley 9/2020 (popularmente conocido como 'cláusula anti-opas'), prorrogado en dos ocasiones hasta el final de este año 2023. Si bien se trató de una medida acertada y necesaria en un momento en que cualquier actor financiero internacional podría haberse hecho con la propiedad de las principales compañías españolas cotizadas en Bolsa a precio de saldo (fruto de las caídas durante y después del confinamiento), su extensión ha provocado un freno notable en los flujos de capital y una mayor estrechez del mercado bursátil.
Pero no sólo es una cuestión de mercado, sino también de la consideración de qué se entiende como 'estratégico'. Aquí es donde más se ha descuidado a grandes y medianas compañías españolas con potencia en el exterior y cuyo desarrollo en España ha costado tiempo y esfuerzo. Incluso en el caso de los contratistas públicos, la narrativa de las últimas horas que está intentando hacer equivaler la concesión de contratos públicos con "ayudas" o "subvenciones" a las empresas, tampoco se ha hecho una atención especial. Probablemente, una mayor cercanía, comprensión de sus problemas y ánimo reformista por parte del Gobierno habría evitado la deslocalización de la sede de Ferrovial.
Sin entrar en otras cuestiones regulatorias que son ampliamente lesivas para las empresas como la fiscalidad actual, es necesario articular una estrategia muy distinta de diplomacia económica soft. No todo es regulación ni tampoco discursos en el vacío. Un mayor cuidado y atención a las empresas que son las que generan el empleo y la riqueza ayudará a recuperar sedes corporativas perdidas y también atraer nuevas.
