En las últimas décadas, Europa ha vivido de espaldas a la realización de políticas industriales, abogando por doctrinas convencionalistas que se han centrado más en permanecer en el pasado, reestructurando capacidades sin una visión estratégica de largo alcance, y no en crear nuevas capacidades e industrias disruptivas de futuro con un verdadero impacto en la innovación, productividad y competitividad de nuestras regiones y naciones.
Todo ello ha supuesto, además de un enorme coste de oportunidad, la primacía de la política de innovación y de los instrumentos de apoyo a la I+D como único recurso para impulsar la industria en un territorio. Estas políticas han sustituido a otras posibles políticas que apostaran verdaderamente por crear, desarrollar y dinamizar mercados estratégicos.
Ahora, Europa da un paso al frente con el Green Deal Industrial Plan, lanzado en febrero de este año, que supone un conjunto de iniciativas destinadas a mejorar la competitividad de las industrias europeas con cero emisiones netas y apoyar la transición verde de la UE. Entre sus objetivos destacan simplificar, acelerar y alinear los incentivos y ayudas públicas para la inversión industrial en tecnologías limpias. La propuesta de modificación del marco de ayudas estatales es una gran novedad y supone una oportunidad para los Estados miembros, pero también exige la máxima coordinación y acompasamiento entre las políticas de los países y las de la UE.
El Plan es una reacción a la Inflation Reduction Act y a la Chips and Science Act, aprobadas ambas por el Gobierno de los Estados Unidos en agosto de 2022. La primera incluye el mayor conjunto de inversiones públicas en energías limpias (370 mil millones de dólares), en áreas que incluyen energías renovables y soluciones de descarbonización industrial, entre otras acciones; y, la segunda, supone un hito histórico en ese país en materia de política industrial, científica y de innovación, al ser diseñada fundamentalmente para fomentar el desarrollo de capacidades propias en estos ámbitos con la inyección de ayudas públicas por valor de 280 mil millones de dólares en los próximos 10 años. En concreto, esta nueva ley pretende impulsar la inversión en investigación e innovación en alta tecnología y atraer y promover la fabricación de semiconductores en los Estados Unidos, con el claro objetivo de competir con China.
El Green Deal Industrial Plan implica un cambio en las reglas del juego que supone una gran oportunidad, pero también una seria amenaza para España. Los Gobiernos de la AGE y las CCAA tienen menos experiencia que sus homólogos europeos en el diseño de ayudas de estado. La distribución de competencias convierte a las CCAA en actores clave de la nueva política industrial y les exige repensar su organización y sus instrumentos de cara a aprovechar el nuevo contexto.
Por otro lado, la falta de recursos y capacidades en la administración pública española es un problema de gran magnitud cuando se trata de diseñar programas e instrumentos complejos, como los que serán necesarios en la nueva política industrial. Es imperioso reformar las estructuras de industria-innovación y dotar de un mayor volumen de recursos a las agencias o departamentos resultantes. El despliegue de esta nueva política industrial exigirá una coordinación con las políticas sectoriales (energía, transporte, agricultura, etc.), por lo que la descoordinación entre agencias públicas en el despliegue de sus políticas supondría solapamientos e ineficiencias que tienen que ser solventados creando estructuras de coordinación y organización por arriba que integren las acciones de estas agencias de forma estratégica (one-stop-shop).
Para abordar una nueva política industrial es necesario que la política de innovación esté vinculada y coordinada con ella, sin perder su vinculación con la política científica. Es decir, es perentorio que la política de innovación articule programas e instrumentos que estén alineados con los programas e instrumentos de la política industrial. Una política de innovación que no sea sustitutiva sino complementaria de la política industrial es el nuevo paradigma que debemos ser capaces de construir en España en los próximos meses.
El reto para los Policy Maker -y para quienes les acompañamos- es mayúsculo: en un tiempo récord debemos ser capaces de transformar una política de innovación y unos instrumentos demasiado maduros en una nueva política industrial de mucho mayor alcance, con nuevos y muy diferentes instrumentos, que permitan a España y a sus regiones competir no solo con EEUU o China, sino también con nuestros homólogos europeos.
