Josep Ginesta. Secretario General de PIMEC y Colaborador de OBS Business School
El nuevo año nos ha traído una reforma en los trámites de las bajas laborales. Se ha resuelto un anacronismo poco explicable e irracional como es que las personas trabajadoras deban facilitar el Comunicado de baja por incapacidad temporal -nombre con el que se conoce la baja laboral- a la empresa después de obtenerlo en los servicios públicos de salud. Cuesta entender que se haya mantenido este trámite documental que, además de generar miles de documentos innecesarios, conllevaba una obligación para el "enfermo"; y además tampoco garantizaba que la empresa tuviese conocimiento de que la persona no se encontraba capacitada para trabajar, puesto no siempre recibía el comunicado a tiempo, y por tanto podía mantenerla en activo por desconocimiento. Con el nuevo sistema, la comunicación de la baja laboral a la empresa es prácticamente inmediata y se genera un circuito administrativo para la tramitación de la prestación económica en el sistema de seguridad social. Pero además se garantiza que, sin necesidad de que la empresa conozca el diagnóstico -dato reservado y protegido-, esta sepa que el trabajador no es apto y se justifique la ausencia. Y también se comunicará el alta o confirmación. Todo un avance y una decisión muy positiva del ministro Escrivá que ahora deberán garantizar los mecanismos de administración electrónica, quienes deben hacerla realidad. Pero llegados a este punto y asumido todo un reto, hablemos de lo estructural que aún queda por resolver poniendo el foco en la gestión de las bajas, que es mejorable. Mejor dicho, muy mejorable.
La evolución de los procesos de baja, tanto en duración como en coste, ha ido incrementándose durante los últimos años. Tenemos distintos indicadores que lo confirman. La duración media de las bajas de trabajadores por cuenta ajena ha pasado de los 36,13 días en 2013 a los 47,36 días en 2021. Ahí, la crisis sanitaria ha tenido algo que ver, pero no tanto por el patógeno como por el impacto en la gestión administrativa de los procesos. La incidencia media (procesos iniciados entre población protegida) ha pasado de los 18,19 días en 2013 a la cifra de 24,97 en 2021, llegando en 2019 a 27,65. El gasto en prestaciones ha pasado de 4.345,88 millones de euros en 2013 a 9.732,32 en 2021, lo que supone un incremento nada menos que de un 124% en ocho años. Esta cifra podríamos atenuarla dado que las prestaciones se calculan a partir de las bases cotizadas, y lógicamente, el incremento de bases y salarios ha conllevado mejora en el importe de las prestaciones. Pero aun siendo así, el impacto del aumento de bases y salarios, o de cotizantes, es mucho menor al incremento de prestaciones y se debe más a ese progresivo "peor estado de salud" de la población trabajadora. Sin menoscabo de proteger la salud de las personas en aquella intensidad que se requiera y sin empujar a trabajar si el estado no lo permite, es cierto que la gestión tiene algunas sombras de duda que nos pueden enturbiar el bien común. Y es que tres cuartas partes del absentismo laboral en España tiene como causa esas bajas. Las horas mensuales no trabajadas por baja laboral han pasado de 3,4 en el tercer trimestre de 2012 a 6,6 en ese mismo trimestre de 2022.
Y las mejoras no son sencillas. Llevamos demasiados años usando el sistema a veces como arma arrojadiza o sin invertir lo necesario, y lo peor, sin generar los consensos imprescindibles. Las empresas deben avanzar en la mejora del compromiso laboral, en promocionar la salud de sus trabajadores, en incentivar los comportamientos saludables. El sistema de salud debe dotarse de los recursos necesarios para el seguimiento y también el control e inspección de la prestación para evitar abusos o para trasladar este cometido, y sin complejos, a quien pueda hacerlo con responsabilidad. La administración debe dotarse de mecanismos avanzados para el análisis de la evolución y los datos. Las mutuas colaboradoras deben poder contribuir más y mejor en la gestión del sistema. Y el legislador y los gobiernos deben penalizar el abuso y desuso. Todo ello para una gestión justa, transparente y responsable, aspectos que no siempre aplicamos a un ámbito tan sensible.
Quizás la máxima de nuestro mercado de trabajo es que cuando las cosas van mal las personas están más sanas y las bajas se reducen, y cuando van bien invertimos la tendencia. Esta no es la curva de mejora que necesitamos para un progreso social y económico de país competitivo. Quizás podemos poner el foco en un debate sobre la cuestión que permita progresar en la mejora focalizándonos en algunos de los retos apuntados pero, además, evitando desde nuestra responsabilidad que se sigan pervirtiendo cuestiones tan delicadas como son la salud de las personas y el progreso de nuestro mercado de trabajo.
