Madrid
El 2022 fue un punto de inflexión para el sector de la reforma y la rehabilitación. La incertidumbre asociada a la subida de precios, la crisis energética o el efecto base que representó en 2021 de récord de actividad fueron los principales detonantes de que la actividad asociada al sector de reforma cayera un 1,4%.
En total, se reformaron 1,75 millones de viviendas y el gasto medio en reforma por hogar rondó los 1.082 euros. Es importante incidir en que el valor total de mercado ya supera los 20.000 millones de euros. A menudo no se tienen en cuenta porque se trata de un mercado apenas visible y con pequeños valores por unidad de obra.
También cabe señalar que, en vivienda habitual, la reforma experimentó una caída mayor, del 4,5%. Sin embargo, el gran impulso vino de la mano de la reforma asociada a la compraventa de vivienda usada, que permitió que la actividad se contrajera finalmente un 1,4%. Estos dos segmentos de actividad conforman el mercado de reforma.
Más allá de los datos, estimamos que 2023 podría ser un año crucial para la recuperación de nuestra actividad. Pero todo va a depender de que finalmente la rueda de la rehabilitación se mueva, lo que a su vez estará condicionado por la capacidad, visión y compromiso de las CCAA. Hasta ahora los fondos no han llegado a la economía real, a las empresas, por lo que llevamos dos años perdidos. Y toda dependencia representa un riesgo. En cualquier caso, confiamos en que a partir del segundo trimestre de 2023 comience a generarse actividad ligada a los fondos, con un nivel de aplicación en términos de actividad en torno a un 65% del presupuesto de 2021. La repercusión directa en valor de materiales será próxima a los 350 millones de euros.
Así, si las CCAA actúan con diligencia, y este es el riesgo condicionante, la actividad en el segmento de rehabilitación energética podría alcanzar las 70.000 viviendas al finalizar 2023, iniciando una senda creciente de cara a 2024.
Esta previsión sólo será posible si las CCAA incorporan la preconcesión de las ayudas en sus regulaciones y adelantan a las comunidades y propietarios el dinero (que ya les ha sido transferido desde la Administración Central) para que acometan las obras cuya subvención ha sido concedida. Y todo ello con un claro procedimiento de transparencia y flujo de información pública respecto a cómo evolucionan las solicitudes, concesiones y ejecuciones.
Una petición totalmente alineada con la que ha realizado la Comisión de la Unión Europea, que en su reciente visita a España ha pedido una mayor colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en la gestión de los fondos Next Generation, cuya información debería de publicarse de manera más transparente y estructurada para acceder fácilmente a los datos de ejecución real.
Pero lo que deben de traer consigo estos fondos no implica únicamente un impulso económico transitorio, sino un cambio cultural permanente para evitar un serio problema económico y social.
De acuerdo con el Banco de España, la vivienda (42%) y las propiedades inmobiliarias (28%) representan el 70% de la riqueza total de las familias. Es decir, no cuidar el valor de estos activos representa un riesgo de pérdida de riqueza a largo plazo.
La riqueza de los hogares está asociada a su vivienda; las personas envejecemos, morimos y damos en herencia las propiedades, también cada vez más envejecidas. Y aquí surge un nuevo elemento: la tasa de fertilidad a partir de finales de los años setenta baja de 2 hijos y se sitúa ya en los 80 y siguientes en 1,2. Es decir, la generación nacida en los años 40, 50 y 60 está acumulando propiedades cada vez más envejecidas.
Esta generación representa el baby boom, con tasas de natalidad superiores a 3 niños. Y estas propiedades las darán en herencia a sus hijos, que son muchos menos. Más propiedades y más antiguas para menos personas es lo que podemos llamar un stock generacional de vivienda. Esta situación empezará a ser tímidamente visible a inicio de la próxima década.
Y ya será tarde para actuar. Porque el parque de viviendas envejecido para entonces se situará en torno a los 17 millones de unidades. De hecho, ya vamos con demora, porque para evitar este escenario habría que rehabilitar a una velocidad (y calidad) de al menos 300.000 viviendas al año.
Así pues, si la riqueza en España está concentrada en la propiedad inmobiliaria, y su escenario futuro es parecido al que apunta la evolución natural de los factores expuestos, urge actuar. Es ahora o no será nunca.
