El Gobierno aprovechó el Real Decreto del 10 enero en el que se aprobaron incentivos a la contratación laboral para colar una modificación que habilita a la Tesorería de la Seguridad Social para cambiar de oficio datos que considere erróneos en la afiliación, sin tener que abrir un procedimiento judicial.
Este cambio permite, por ejemplo, que si hay una situación de clara laboralidad y ha habido altas en autónomos, la Tesorería puede modificar el encuadramiento de un trabajador pasándolo a cuenta ajena. Una decisión que puede tener un grave impacto para los empresarios, que tendrán que acudir a los tribunales y esperar el tiempo que dure el proceso para revertir la decisión. A la vista está que esta reforma amplía el control público sobre las empresas. Un mayor intervencionismo innecesario en el mercado laboral que en nada ayuda a la creación de empleo.
