Algunas de las grandes medidas aprobadas en la primera parte de la reforma de las pensiones están condenadas a la esterilidad por la inflexibilidad de los convenios colectivos.
Es el caso de la previsión social complementaria que, además de por su propio error de formulación al desincentivar los planes individuales por los de empresa sin arraigo en España, no cala en los acuerdos firmados a cierre de 2022. De hecho, dichos pactos incluyen ahorro extra a la pensión sólo para 183.000 empleados. Algo similar ocurre con la fecha de jubilación. La elevada brecha que existe entre la edad real y la oficial de retiro plantea importantes problemas al sistema de pensiones. Por ello, el ministro José Luis Escrivá buscó reducir esa diferencia con acertadas medidas, como fueron aumentar las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas al tiempo que se incentivaba la prolongación de la vida activa. Sin embargo, la edad media de jubilación en 2022 fue de 64,8 años, lo que supone un año y medio por debajo de la edad legal que en enero subió hasta 66,4 años. Una de las razones que lo explica está en la existencia de 529 convenios, que cubren a más de 1,6 millones de trabajadores, que incluyen cláusulas que fuerzan o estimulan la jubilación anticipada. De hecho, casi medio millón de personas son premiadas por los acuerdos sectoriales vigentes en España.
Los acuerdos colectivos premian la jubilación anticipada, aunque ello perjudique la salud de la Seguridad Social
Es más que evidente que la Seguridad Social, en situación financiera crítica, necesita la ayuda que pueda suponer la extensión de la actividad laboral de los cotizantes. Esto debería llevar a abrir un debate con los agentes sociales para modernizar el Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de evitar que los convenios pongan palos en las ruedas y entorpezcan la prolongación de la vida activa, que ya es clave.
