Como ya ha hecho en el pasado, Yolanda Díaz volvió a mostrarse esta misma semana a favor de introducir indemnizaciones por despido por encima del tope legal, actualmente en 33 días por año trabajado.
Utilizó para ello el peregrino argumento de que despedir es "demasiado barato" en España. Pero los datos demuestran que la realidad es muy diferente. De hecho, el coste del despido en nuestro país es el más elevado de la Unión Europea y el tercero de la OCDE. En concreto, la extinción de un contrato fijo tras cuatro años de servicio implica el derecho a percibir 80 días de salario, la quinta retribución más generosa de las economías desarrolladas, una cantidad que asciende a 360 días para los despedidos tras 20 años, la tercera más elevada de la OCDE, sólo por detrás de Israel y Turquía. Las datos desmienten por tanto a Díaz que prefiere ignorarlos y tirar de demagogia para justificar un objetivo solo electoral que penaliza la contratación y, con ello, eleva el desempleo. Y es que el hecho de añadir más rigidez en el mercado laboral encareciendo la posibilidad de que las empresas ajusten sus plantillas no sólo reduce las opciones de los negocios de crear empleo. Además, condena a muchas firmas a su total desaparición, especialmente a las pymes que son el 97% del tejido productivo nacional, con lo que la destrucción de puestos de trabajo será incluso mayor. Queda así claro que aumentar la factura de las extinciones laborales para las compañías es una camino erróneo. Pero hacerlo además en un momento en el que la ola de despidos a nivel global que arrancó en el sector tecnológico se ha extendido a otros ámbitos como el motor, la química o el farmacéutico, constituye una temeridad.
