El Gobierno celebra estos días el aniversario de la aprobación por el Congreso de los Diputados de su reforma laboral, obviando que se trató de una de las votaciones más complicadas de la Legislatura y que solo se resolvió a su favor por el error de voto de un diputado del PP.
Este mismo triunfalismo, sin asomo de autocrítica, se extiende a la valoración de los datos del mercado laboral tras la entrada en vigor de la norma. Este primer aniversario deja un saldo indudablemente positivo en términos de estabilidad del empleo. Una eficacia que responde al hecho de que se trata del último gran acuerdo logrado por el Gobierno, la patronal y los sindicatos, antes de la ruptura del diálogo social por las posturas cada vez más demagógicas en materia laboral adoptadas por la coalición de PSOE y Unidas Podemos. Esta misma evolución está llevando a una peligrosa ceguera a la hora de analizar los resultados de la reforma laboral, que también ha traído un récord de despidos (854.253, un 65% más), extinciones por no superar el periodo de prueba, dimisiones y una volatilidad disparada en el caso de los trabajadores con contratos fijos discontinuos, que se han convertido en víctimas del abuso de la temporalidad previa a la nueva ley. Todas estas realidades apuntan a que el mercado laboral español no se ha modernizado a la misma velocidad que lo ha hecho la legislación de los contratos y que siguen siendo necesarias medidas y reformas, no solo laborales, para garantizar que la verdadera calidad del empleo llegue a todas las empresas y trabajadores. Pero esto requiere un diálogo con los empresarios que el Gobierno ha despreciado con sus últimas medidas, lo que condena al empleo a un balance agridulce tras una reforma insuficiente, a pesar del maquillaje en los datos del Ministerio de Trabajo.
