Planteó Pedro Sánchez su primer cara a cara del año con Alberto Núñez Feijóo como un debate preelectoral sobre el estado de la economía, pensándose arropado por sus medidas propagandística y el maquillaje de sus números, que no por sus resultados. Pero el pretendido duelo económico acabó derivando en un debate adelantado sobre el estado de la nación con la economía, eso sí, como eje primordial. Un desafío en la Cámara Alta en el que, como puso de relieve el líder de la oposición, Sánchez volvió a demostrar que entiende la política sólo como un "juego de poder" y no como una herramienta para servir a la sociedad que es como debe sentirse y ejercerse en democracia.
Frente a un aspirante sólido y firme, correcto pero contundente y que desplegó su mejor intervención parlamentaria desde que vino de Galicia, el presidente, al que se notó tocado por la evolución de las encuestas, se refugió en el manido recurso de hacer oposición a la oposición, se recreó en resucitar fantasmas del pasado, en dibujar una España que más parecía el mundo de Yupi que el país real y en el acostumbrado golpe de efecto al anunciar una subida del salario mínimo de 80 euros con la que intentó solapar el escándalo de las rebajas de penas y excarcelaciones de los violadores, o sus compromisos no explicados con Marruecos.
Presumió Pedro Sánchez de haber conseguido la mayor creación de empleo de la historia, de tener la tasa de inflación más baja de la Unión Europea, de haber superado sus previsiones de crecimiento de la economía, de estar sorteando la crisis mejor que los países de nuestro entorno y, sobre todo, de impulsar medidas para proteger a la mayoría social de este país. Para culminar su apología alineándose con Belarra y los podemitas en el ataque irracional a los empresarios. Que es estrategia acostumbrada de las dictaduras buscar un enemigo externo a quien culpar de sus abusos y torpezas.
Y presumía Sánchez de gestión sólo un día después de que el Fondo Monetario Internacional revisara a la baja sus previsiones de crecimiento para España a sólo el 1,1%, y apenas una semana después de que el INE confirmara un avance del PIB de sólo un 0,2% entre octubre y diciembre, por segundo trimestre consecutivo. Tasa que en buena ley no es crecimiento sino estancamiento y a lo que se une la ligera subida de la tasa de inflación con el dato anticipado de enero, hasta el 5,8%, con una inflación subyacente superior en casi dos puntos a la general. Y recordar una vez más que digan lo que digan los manuales, una economía con crecimientos en torno al 1% y con una inflación superior al 5 o 6%, sino técnicamente, es realmente una economía en recesión.
Mientras que, en términos de empleo, también la semana pasada conocíamos una Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre que arrojaba los peores resultados desde 2013 con una pérdida de 82.000 ocupados, 43.800 parados más y 34.7000 autónomos desaparecidos, confirmando la fuerte desaceleración económica con tendencia a prolongarse al menos durante el primer semestre de 2023. Tendencia que confirman los datos del paro registrado de enero con una destrucción de 215.044 empleos y 75.000 parados más, cifra superior en un 75% a la de enero del pasado año.
Unos indicadores en fase negativa a los que, como decíamos recientemente en estas páginas, se unen una deuda pública que supera el 116,1% del PIB, la cuarta mayor de todos los países de la UE, que lideramos el desempleo de la Unión duplicando la tasa de paro de los veintisiete además de ser el único estado miembro que todavía no ha recuperado el PIB anterior a la pandemia, que nuestras empresas sufren una presión fiscal del 32,5% casi diez puntos por encima del 23,5% de los países de nuestro entorno afectando negativamente a la competitividad de la inversión y de las exportaciones, que el esfuerzo fiscal de los españoles es un 53% por superior a la media de nuestros socios europeos, y que la productividad de la economía española ha caído un 10,5% desde 1995, frente al crecimiento del 4,5% en el conjunto de la UE. ¿Eso es lo que celebran en Moncloa?
