Creo que nadie duda que las necesidades materiales básicas del hombre son tres y por este orden: alimentación, vestido y vivienda. En los países libres ninguna de las dos primeras las provee el estado. A lo sumo proporciona los medios para adquirirlas a distintos conjuntos de la población que podríamos resumir en los muy desfavorecidos. Ni siquiera a todos los pensionistas, el conjunto de la población que más medios recibe por su elevado número, les provee de ellos. Esto es así porque la mayoría reciben su prestación como justa contraprestación a unos pagos previos, por lo que las cantidades que reciben son más la amortización de una deuda adquirida previamente por el estado que otra cosa. Luego están algunos pocos, los pensionistas muy favorecidos económicamente, que ni siquiera necesitan de su pensión pública para vivir.
El estado, por tanto, ha preferido entregar los medios, cuando es necesario, para adquirir estas dos primeras necesidades básicas, la alimentación y el vestido, que proveerlas y ha dejado esta función, y la previa de producirlas, al sector privado. De hecho, así cumple, en el caso español al menos, con su mandato constitucional, recogido en el artículo 39, de protección económica de la familia (no habla del individuo).
Este esquema no parece que haya funcionado mal, ni en España ni en los países con los que solemos compararnos. De hecho, nunca hemos estado mejor alimentados ni más vestidos (lo de mejor, en este último caso, es opinable). España ha demostrado, además, tener buenos empresarios de la distribución alimentaria y del vestido. Sin embargo, suelen ser objeto estos empresarios de ataques por una parte de nuestra opinión pública, nuestros políticos y, últimamente, de nuestro gobierno. Las excusas para dichos ataques son conocidas: ganan dinero y, últimamente, suben los precios.
Esta segunda sólo demuestra que la alimentación y el vestido son necesarios, porque nadie se queja de las subidas de precios de lo innecesario. Sin embargo, es la más peligrosa porque crea una animosidad que suele ser aprovechada por los partidarios del intervencionismo, tan proclives a atacar las consecuencias y no las causas. Máxime si es la intervención la que crea la causa de la consecuencia que pretenden combatir. Y esto es lo que parece que pasa cuando uno escucha a una ministra del gobierno como Ione Belarra atacar a un empresario de la distribución alimentaria.
En cualquier caso ¿vamos a estar mejor alimentados y más vestidos si el estado actúa en estos dos sectores? La experiencia histórica, alguna muy reciente, no parece demostrarlo. Y es que atajar las causas es un duro trabajo, la intervención es siempre una idea feliz, y mientras que esta última da poder, la primera acción suele quitarlo.
Con la vivienda pasa algo parecido y así el estado actúa algunas veces de provisor de los recursos, o de la necesidad a diferencia de los dos casos anteriores, pero nunca de productor. Los problemas en este caso son más complejos, pero no están tanto en la fase de producción como en la de distribución del bien o del servicio. En ambas fases la intervención parece el origen de los problemas pero como intervienen más en la segunda que en la primera, resulta que nunca hemos construido tan bien y, sin embargo, el mercado de alquiler, y en menor medida el de compra-venta, nos dan muchos quebraderos de cabeza. ¿Estaríamos mejor provistos de techo con menos intervención pública?
Luego están otras necesidades, básicas también pero menos perentorias que las tres anteriores, en las que el estado ha confundido la debida garantía constitucional con la producción de las mismas: la educación y la sanidad. En estas dos necesidades, a diferencia de las anteriores, la producción y la distribución no son separables porque son servicios y, por otro lado, el reparto de la población en el territorio siempre exigirá del estado su actuación como provisor subsidiario, si quiere cumplir con su función de garante.
Aquí, sin embargo, la actuación del estado no está siendo la de proveer las necesidades a un pequeño conjunto de la población, sino a amplios sectores de la misma. Esta amplitud de los beneficiarios de los servicios explica la amplitud del gasto público, la exacción fiscal correspondiente y la reducción de la libertad individual. Sin embargo, la propaganda política suele anunciar estas provisiones de servicios como parte de la bondad de un estado que nos mantiene con nuestros recursos, mientras adoctrina a nuestros hijos o nos atemoriza con nuestra salud. En el caso paradigmático de la educación, la actuación del estado como provisor del servicio no parece que sea nada satisfactoria, amén de ser una continua fuente de conflictos políticos.
"Todo dentro del estado, nada fuera del estado" es una famosa proclama de Mussolini. En algunos sitios ha sido así y el estado se ha erigido en provisor de todo o casi todo. Eso sí, y porque este artículo sólo habla de necesidades materiales, todo lo provisto ha sido escaso y malo y el estado ha terminado o por colapsar o por convertirse en una maquinaria infernal que, en ningún caso, alcanza sus fines materiales, como ocurre siempre con cualquier institución humana que va más allá de sus funciones.
