La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, se mostró ayer partidaria de elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2023 "hacia el tramo alto" de la recomendación del Comité de Expertos del Ministerio de Trabajo.
Es decir, Díaz aboga por subir el SMI un 8,2%, hasta 1.082 euros brutos en 14 pagas. Un porcentaje que más que duplica la propuesta de la patronal y que coincide con los planteamientos hechos por los sindicatos. A la vista está que al igual que con el alza de las cotizaciones sociales o la nueva regulación de los ERE, el Gobierno excluye de nuevo la posición de los empresarios, pese a tratarse de medidas que impactan fuertemente en los propios negocios. No en vano, un nuevo aumento del Salario Mínimo tendrá un severo impacto en los ya elevados costes laborales que las empresas sufren en nuestro país. Un incremento ante el que los propios negocios sólo pueden reaccionar reduciendo las horas de trabajo de los empleados lo que, de facto, supone empeorar la calidad de los trabajos. Pero que, además, impide a las compañías incrementar los sueldos reales de las plantillas al tiempo que reduce su capacidad para contratar y crear empleos. Unos notorios perjuicios que se ven exacerbados por el hecho de que el SMI se ha incrementado ya un 30% desde 2019, el mayor porcentaje de toda la UE con la excepción de Lituania. Levar a cabo más alzas de esta remuneración en este escenario será nefasto para el mercado laboral y los propios trabajadores. Unos problemas que no parecen importar lo más mínimo a la ministra de Trabajo que con su propuesta cumple más que de sobra con una hoja de ruta con la que busca ganar votos mediante su apuesta por llevar el SMI hasta el 60% del sueldo medio al final de la legislatura.
