El debate sobre los impuestos, legítimo a todas luces, suele alcanzar una notoriedad tan elevada que puede hacernos olvidar lo importante, que es contar con un marco normativo lo más estable posible, frente a lo accesorio y, añadiría, peligroso: utilizar los tributos como un instrumento de ataque político. Mi reflexión, por ello, se dirige a pedir cautela a los partidos con el uso de los tributos como arma electoral. Porque en mayo hay elecciones autonómicas y municipales, después vendrán las generales, más tarde las europeas y detrás, de nuevo, autonómicas y municipales, una rueda que en democracia no deja de girar, y que en ningún caso debe implicar cambios fiscales constantes que perjudican a ciudadanos y empresas y ahuyentan al capital inversor.
Si bien en los últimos años, con algunas excepciones, hemos logrado un marco relativamente estable en determinados tributos como el IRPF o el IVA, hay otras figuras que generan inmensa controversia. Patrimonio es en estos días el objeto de mayor discusión, con los comicios de mayo como telón de fondo. Andalucía y Madrid sentencian a muerte al tributo, mientras medio PP guarda silencio. El Gobierno del PSOE, por su parte, crea un impuesto "para ricos" que compense la caída de ingresos de las rebajas fiscales de Moreno y Díaz Ayuso, y el barón socialista madrileño, Juan Lobato, amaga con rebelarse para no "maltratar" a las rentas más altas. El caos.
Pues ese lío se produce solo con Patrimonio. No digamos lo que sucede con los Impuestos Especiales, capítulo en el que gobiernos de todo color actúan sin cesar para lograr un complemento de ingresos que maquille un déficit que, si bien baja con intensidad, aún se sitúa cerca del 5%. Detrás de los Impuestos Especiales hay un nutrido grupo de compañías, grandes y pequeñas, que deben adaptar sus negocios en tiempo récord para adecuarse a constantes modificaciones fiscales que por lo común responden a intereses electorales o ideológicos más que a un planteamiento impositivo serio y estable.
Al analizar los informes de recaudación que sirve la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, es interesante acudir al capítulo 'Impactos de cambios normativos y de gestión' y encontrar que durante la última década se han producido más de 175 modificaciones fiscales de mayor o menor intensidad. ¿Saben cuál fue el ejercicio más prolífico? El 2016, año de Elecciones Generales. Durante la última legislatura sucede algo similar: de los 13 cambios normativos del 2019 hemos pasado a 21 solo en este año. Prepárense para 2023.
"Las CCAA cuentan con una importante capacidad fiscal para crear gravámenes y nuevas figuras, e incluso para acometer modificaciones en impuestos estatales"
Pero esto es solo la punta del iceberg. En el país maravilloso pero complejo que hemos construido, las comunidades autónomas cuentan con una importante capacidad fiscal para crear gravámenes y nuevas figuras, e incluso para acometer modificaciones en impuestos estatales. Y luego llega el ámbito municipal, con su propia potestad tributaria y esos impuestos a los que el lector tanto le suenan, como el IBI o la tasa de recogida de basuras. ¿Nos equivocamos si decimos que España padece centenares de modificaciones tributarias en cada ejercicio fiscal? No nos equivocamos. Y multipliquemos ese efecto en los años en los que, como este que iniciamos, acudimos a las urnas.
Ahora imaginen el enorme coste, material y humano, que sufre una empresa para adaptarse a ese entorno. Si es una pyme, el precio es infame. Y si es una pyme que quiere progresar, abrir sedes en varias comunidades autónomas y convertirse en mediana, ni hablemos. Muchas cejan en el empeño. Y ahora analicen el panorama con ojo de capital extranjero. Las ventajas con las que contamos como país -que son muchísimas, y erramos si no sabemos valorar nuestro capital en materia de energía, infraestructuras, transporte o sanidad, entre otras- quedan opacadas por el complejo entramado fiscal y sus múltiples y constantes cambios.
Más allá del debate sobre subir o bajar impuestos, legítimo como explicaba al principio, necesitamos de nuestros gobernantes una mayor dosis de prudencia a la hora de manejar los impuestos que pagamos ciudadanos y empresas. Nos iría muy bien contar con un marco fiscal lo más estable y armonizado posible, pues hay margen más que suficiente para respetar la autonomía tributaria de cada administración sin volvernos locos a golpe de BOE. Requerimos a nuestros políticos pensar más en los ciudadanos y las empresas y menos en las urnas. Subir impuestos para bajarlos al año es un error y un horror. También lo contrario. Siéntense y acuerden. Y si no lo hacen, ya que existe una tremenda polarización afectiva a nivel político, al menos eviten tocar el bolsillo de los ciudadanos y las cuentas de las empresas únicamente por propaganda y ocurrencias.
Francisco Jerez es CEO de Estrategos.
