Andalucía está llamada a ser la primera potencia en materia de energía renovable de España y una de las más importantes de Europa. La Junta se ha marcado el objetivo ambicioso de alcanzar los 20 GW de potencia instalada en esta legislatura, sumando 12 GW adicionales.
Andalucía es clave para España y para Europa. La región va a ser un acelerador de la transición energética a través de las renovables y el hidrógeno verde gracias a su recurso eólico y solar, su industria y sus infraestructuras de transporte marítimo.
El 2022 nos mostró los riesgos que supone una dependencia excesiva de los combustibles fósiles, resultando en una tensión en el mercado energético que ha sacudido los cimientos de la Unión Europea. Las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania han hecho evidente que la transición a las energías renovables no es una cuestión solo de sostenibilidad sino también de seguridad. Es la solución a la triple crisis económica, energética y climática.
El 2023 va a ser un año cargado de oportunidades para revertir la situación actual.
Es precisamente en esta transición hacia fuentes de energías renovables donde Andalucía tiene una posición privilegiada: actualmente el 47% de su electricidad proviene de fuentes renovables y la Junta se ha marcado el objetivo ambicioso de llegar al 75% al final de la legislatura. Para ello, queda mucho camino por recorrer y para conseguirlo, es necesaria la colaboración y el diálogo entre el sector privado, la administración y sociedad.
Las compañías somos las que aportamos la capacidad de inversión y de desarrollo de los proyectos. Las energía solar fotovoltaica y la eólica son, ya, a día de hoy, competitivas económicamente y no necesitan ayudas, pero sí precisan de compañías que consigan la financiación y aporten el conocimiento para desarrollar las instalaciones. Según el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), de los 241 mil millones necesarios para la transición energética en España hasta 2030, el 80% provendrá del sector privado. Un dato que sin duda, pone de manifiesto que sin éste no es posible un despliegue tan ambicioso de energía renovable.
La administración, tanto la autonómica como la nacional, debe hacer un esfuerzo por racionalizar los procedimientos de autorización. Para conseguir la revolución verde, es necesario agilizar y superar el atasco administrativo con el que nos encontramos actualmente. En este sentido, es la función de la administración poner las vías y medidas necesarias para que el desarrollo de los proyectos renovables sea una realidad, puesto que, sin los mismos, no será posible alcanzar una economía descarbonizada.
1,1 GW fue la capacidad renovable instalada el año pasado en Andalucía. Para llegar a los 20 GW en 4 años marcados por la Junta, hay que multiplicar por cuatro el ritmo de despliegue.
Y por último, es fundamental involucrar a la sociedad, escuchándola y haciéndola partícipe. Es indispensable buscar la aprobación de las comunidades locales a los proyectos renovables, pues son la base de la pirámide de la nueva economía de la energía verde. La licencia social del territorio y la generación de valor compartido son dos aspectos que todo desarrollador debería tener en cuenta a la hora de plantear y ejecutar sus proyectos.
Estamos ante un momento decisivo para la inversión renovable en Andalucía. Según el gobierno autonómico, los proyectos renovables en tramitación suman una inversión de 17.000 millones. El interés de las compañías está alineado con la apuesta por la transición energética y la reindustrialización verde. Andalucía debe aprovechar la oportunidad de convertirse en líder en España y en Europa.
