Blackstone ha vendido alrededor de 1.500 viviendas en alquiler en año y medio. Una cifra que se explica en parte por la rotación habitual en la gestión de los activos.
Pero que también responde a la incertidumbre regulatoria que arrancó en 2019 cuando se extendió de tres a siete años la duración de los contratos en el caso de que los propietarios fueran personas jurídicas. Dicha inestabilidad ha ido a más debido a las medidas intervencionistas del Gobierno en el sector, limitando la subida de los arrendamientos a sólo el 2% a pesar del alto IPC. Todo ello unido a la inseguridad que genera la futura Ley de Vivienda lleva a Blackstone y a otros grandes inversores, como TPG, a desinvertir. Esto reducirá la ya exigua oferta, lo que impulsará el precio de los arrendamientos.
