El pasado 27 de diciembre el Gobierno prorrogó hasta 2024 la moratoria contable que finalizaba el pasado 31 de diciembre para las empresas en situación de quiebra.
La Sepi ha sido una de las grandes beneficiadas de esta medida, al evitar tener que capitalizar la deuda y tomar el control de un buen número de compañías a las que rescató por las pérdidas provocadas por la pandemia del Covid. En concreto, el alargamiento en el tiempo de la moratoria concursal ha hecho que el grupo público esquive la nacionalización de, al menos, 14 compañías que a cierre de 2021 presentaban un patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, incurriendo así en causa de disolución. Con todo, el hecho de que casi la mitad de las firmas a las que la Sepi entregó una ayuda conjunta de 3.255 millones presente una situación financiera crítica siembra dudas sobre los criterios que han guiado estas operaciones. Unas sospechas que surgieron tras rescates como el de Plus Ultra, más guiado por intereses políticos que económicos. Y que fueron a más tras ayudar a empresas como Air Europa o Duro Felguera, cuyos problemas económicos y financieros nacieron mucho antes de la pandemia. Con el tiempo, la Sepi corrigió ese error y exigió a las empresas condiciones menos laxas para entregar el dinero. El problema es que la firma debió aplicar ese rigor desde el principio. No hacerlo está condenando hasta ahora al fracaso a la Sepi en su objetivo de salvar a las empresas de la crisis del Covid.
Sólo la prórroga de la moratoria concursal evita la nacionalización obligada de 14 firmas rescatadas por el Covid
Ahora queda por ver si el dinero de todos con el que se creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas se ha dilapidado en unos rescates que, en alguno casos, carecían de suficiente justificación y que no lograrán salvar a las compañías.
