El año que acaba de terminar ha dejado en España un malísimo sabor de boca en quienes creemos que la división de poderes y el debate abierto son dos elementos fundamentales a sostener en nuestro sistema político y también en nuestra convivencia.
Sabemos muy bien que el primer principio para acabar con ambos sostenes del sistema democrático es evitar el enfrentamiento frontal entre bloques, llámense como se llamen. Esa polarización siempre nace de la voluntad de los polarizadores. Donald Trump es el paradigma de político polarizador, pero también lo son Vladímir Putin o Cristina Kirchner.
Pues bien, nadie puede dudar que en España lo ha sido y lo es Pedro Sánchez. Acompañado, claro está, por Junqueras y Pablo Iglesias. Así lo ha visto Ignacio Varela:
"Los polarizadores crean un hábitat político en el que primero se toma partido y se señala al enemigo, después se cocina el potaje argumental adecuado para sostener la posición y, por último, se seleccionan los hechos que la avalen, ignorando los que la contradigan. De no haberlos, se inventan sin más. Los destrozos que cause al interés general, a las instituciones, a la convivencia se consideran daños colaterales".
Hemos asistido durante el último mes de 2022 a enfrentamientos en torno a la diarrea legislativa sanchista que avalan lo escrito por Varela. Recuerdo haber visto en la televisión a un ministro llamado Bolaños sacar de su boca tal cantidad de mentiras que me hizo cambiar de canal. Y no es el único. Un tal Sicilia comparó a los miembros del Constitucional y a los del CGPJ con Tejero y sus huestes armadas que tomaron el Congreso de los Diputados en 1981… y se quedó tan ancho.
El deseo de Sánchez en todo este merdé fue siempre apoderarse del Tribunal Constitucional (TC) y conseguir así que sus dudosas leyes y decretos no fueran "tocados" en el TC. Pero además si alguien escucha o lee lo que los sanchistas (del PSOE o separatistas) han dicho o escrito sobre asuntos capitales para la Democracia, conviene recordarles, por ejemplo, que la Soberanía del Pueblo no reside únicamente en el Parlamento, y que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional ni forma parte del poder judicial. Es el órgano máximo de garantías de nuestro sistema, y su función es interpretar la Constitución en todos los casos en que se produzca un conflicto sobre su aplicación.
Tampoco es cierto que los mandatos del CGPJ y del TC estuvieran caducados ni esos órganos estén "en funciones" (como sí lo está el Gobierno tras unas elecciones).
Por otro lado, en ningún sitio está escrito que la composición de los órganos constitucionales tenga que reproducir la del Parlamento. La voluntad del constituyente fue exactamente la contraria. Por eso disoció los mandatos del TC y del CGPJ de los periodos electorales y evitó que coincidieran con las legislaturas. Por otro lado, la forma de elegir a un buen número de miembros tanto del CGPJ como del TC reside en el Congreso y en el Senado y no en los partidos. Y, sin embargo, ni el Presidente del Senado ni la del Congreso han dicho ni mú ante estos desmanes.
