Cuando estaba en la oposición Pedro Sánchez acusó a Mariano Rajoy de "menospreciar al Parlamento" y de convertir una figura prevista para circunstancias extraordinarias como es el decreto-ley "en la forma ordinaria de legislar". Prometió además, limitar el uso de esta herramienta.
A pesar de ello, Sánchez bate con creces a su predecesor en la utilización de esta vía para aprobar leyes, con 132 veces en cuatro años frente a las 107 en seis años de Rajoy. Con todo, lo más grave no es que Sánchez haya incumplido su promesa, sino que ha convertido un método para sacar adelante normativas extraordinarias o de urgente necesidad en una costumbre para aprobar de forma unilateral medidas con rango de ley sin pasar por el trámite parlamentario, debatirse y contar con el apoyo de la mayoría. Además, este forma de gobernar ha sido a la que mayoritariamente ha recurrido el Ejecutivo para aprobar sin consenso 127 normas que tienen un claro trasfondo económico y laboral, como el Ingreso Mínimo o el nuevo sistema de cotización de los autónomos. Esta manera de gobernar hurtando el necesario debate parlamentario genera una grave falta de seguridad jurídica, que ya ha hecho que España haya caído al puesto 41 de 47 en el ránking de libertad económica. Un descenso que ya está suponiendo un duro golpe para la inversión extranjera. Tanto es así que esta variable se redujo un 45% en 20221 con respecto a 2018. Una caída que constituye una grave amenaza para la recuperación económica y que podría ir a más en el próximo ejercicio debido a un Gobierno que pone la seguridad jurídica de empresas y ciudadanos por debajo de la ideología. Así lo está demostrando con sus recientes intentos de tomar el control del Tribunal Constitucional.