Las reformas de los delitos de sedición y malversación benefician a los condenados y huidos por el procés. De hecho, esta última reduce sustancialmente las penas por el desvío de dinero público del 1-O.
Ambas medidas se impulsan para ganarse el apoyo de ERC para la próxima legislatura, pero el Gobierno explica su acuerdo con los republicanos con el argumento de que sirve para reconciliarse con los catalanes y evita un nuevo impulso del proceso independentista. Un fin que se contradice con la tozuda realidad que muestra ERC con su propuesta de un nuevo referéndum para negociar la futura desconexión de Cataluña con España. No existen, por ello, garantías de que suavizar ambos delitos frene al procés. Más bien, las reformas dan alas al secesionismo.
