Sánchez es rehén de Yolanda Díaz y de Oriol Junqueras. Necesita mantenerlos como socios leales para seguir en el Gobierno en la próxima legislatura, lo que explica su política errática y contrahecha.
Este constante ir y venir de leyes y decretos improvisados crea disensiones fuera y dentro de Ejecutivo. Los barones rebeldes, los presidentes de Aragón, Javier Lambán, o el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se desmarcan en público de la política oficial, conscientes de que se exponen a ser decapitados como le ocurrió a Joaquín Leguina. El ex presidente madrileño fue expulsado del PSOE tras denunciar el reiteradas ocasiones "el caudillismo" del presidente.
La exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, dejó su cargo tras el enfrentamiento con la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de constatar que no tenía apoyos para impedir los cambios que han desembocado en la controvertida ley del Sí es Sí. El ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue destituido tras tropezar por la reforma del delito de sedición con los nacionalistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que ha dado ya sus primeros pasos en el Congreso con el apoyo de Unidas Podemos, el partido de Díaz.
El que se mueve no sale en la foto. El Gobierno se saca de la chistera de la noche a la mañana normas de las que había renegado unos meses antes, sin que nadie se atreva a rechistar. Ni siquiera la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Su código de buenas prácticas para reducir el coste de las hipotecas de las familias con rentas inferiores a 29.000 euros puede acabar en papel mojado después de que su rival, Yolanda Díaz, lo calificara de "insuficiente". Esta semana, la vicepresidenta segunda se sacó de la manga un decreto para congelar las hipotecas, que llevará a la mesa de negociación con el PSOE para su aprobación en el próximo Consejo de Ministros.
El Gobierno estudiará también el martes a propuesta de Díaz un impuesto a las cadenas de distribución comercial, como Carrefour o Mercadona, pese a que su margen de beneficio está en torno al 3%, según los datos facilitados por AECOC, la patronal del sector.
El impuestazo, como ya ocurrió con los bancos y las eléctricas, no contribuirá a reducir el precio de los alimentos, sino todo lo contrario, porque lo tendrán que repercutir al consumidor. Pero lo importante es castigar a los ricos para dar la impresión de que su riqueza se reparte entre los pobres. Es la Biblia del populismo.
Después de rehusar a poner un tope a los alimentos, la vicepresidenta de Podemos vuelve a la carga con el anuncio que abaratará la cesta de la compra, secundada una vez más por el presidente del Gobierno.
Hasta el ministro de Agricultura, Luis Planas, que en septiembre criticó con dureza la idea porque entendía que podría perjudicar al sector, admitió este miércoles que la medida está en estudio porque es "lógico que si se ha actuado sobre la energía o el transporte, también se haga sobre los alimentos".
España es después de Alemania el segunda gran país de la UE, donde más suben los productos alimentarios, el 16,8% en noviembre en tasa interanual, mientras que la inflación es la más baja de Europa, con el 6,6%.
La mayor parte de este incremento se debe a las materias primas empleadas en su cultivo por culpa de la inflación y no a los márgenes de la distribución. El ministro Planas anunció un acuerdo sobre la cadena alimentaria para controlar los márgenes de los intermediarios, que no se ha llevado a la práctica después de varios años.
Lo pregunta que corre en boca de todos es cómo logrará Díaz contener los precios de los alimentos y congelar las hipotecas sin vulnerar las leyes. La vicepresidenta se ha convertido en un ariete contra la libertad de mercado, que condiciona las decisiones del Gobierno. Su tono ha pasado del diálogo en los primeros compases en la negociación con la CEOE para aprobar el Salario Mínimo o la reforma laboral, a la decisiones por decreto sin apenas consultar a los agentes sociales.
"Los datos de IPC indican que donde el Gobierno no actúa tenemos enormes problemas", sentenció esta semana en rueda de prensa, después de cargar contra las empresas y descartar una bajada del IVA. "No va de eso. Lo que estamos viendo es que hay una traslación directísima de beneficios empresariales a las grandes distribuidoras de la alimentación. Hay empresas que se están beneficiando", señaló Díaz sin aportar ni un solo dato que lo justifique y nadie en el Gobierno se rasgue las vestiduras.
España es uno de los países europeos con menor tipo de IVA, lo que dejaría margen para rebajarlo, al menos temporalmente, como se ha hecho con los impuestos energéticos. Pero Díaz la descarta porque ese plan proviene de Feijóo. "No compartimos las propuestas que se hacen desde la derecha económica, y sobre todo desde el PP, porque no son eficaces", sostiene.
Podemos quiere entregar un cheque de entre doscientos o trescientos euros a entre siete y ocho millones de personas. El coste estimado por elEconomista alcanzaría entre 1.400 y 2.400 millones, equivalente a entre una y dos veces lo que gana el conjunto del sector de la gran distribución en nuestro país en un año. Su propuesta viola, además, las recomendaciones de Bruselas, que esta semana instó a concentrar las ayudas en los más vulnerables.
¿Hay siete u ocho millones de españoles que no pueden afrontar la subida de los alimentos? Es obvio que se trata de otra medida electoral para captar los votantes que no pueda sumar con Podemos.
España destinó el año pasado 38.000 millones para combatir la crisis energética, equivalentes al 3,2% del PIB, lejos de los 268.000 millones de Alemania, que representan el 7,4% de su PIB, justo el doble. De cualquier maneras, se trata de cantidades desorbitadas, que tanto desde la Unión Europea como el Banco Central Europeo se insta a ir reduciendo.
Calviño ya anunció la supresión de la subvención de veinte céntimos a los combustibles y, probablemente, haga lo mismo con el recorte de impuestos a la luz y al gas porque el paquete de ayudas que el martes estudia el consejo de ministros no está recogido en el Presupuesto para el año que viene e incrementará el desajuste.
Es cierto que la recaudación fiscal alcanzará este ejercicio una cifra récord, que los expertos sitúan en unos 7.000 millones más de lo presupuestado, hasta superar por primera vez los 250.000 millones de euros. Pero la AiREF advierte que el año próximo los ingresos fiscales se estancarán debido al menor crecimiento tanto de la actividad como de la inflación.
El Gobierno tiene un grave problema si tiene que satisfacer las demandas de sus socios. Las partidas dedicadas el próximo ejercicio a Cataluña crecen casi el 50%, el mismo porcentaje del total del FLA, que se destinará a financiar su deuda. A la par que se convierte en la primera región destinataria del dinero del Perte eléctrico o de los chips, gracias al dedazo del presidente.
No hay suficiente dinero para financiar todos los subsidios que les gustaría repartir antes de las elecciones. No sé qué es peor, si el caudillismo de Sánchez que denuncia Leguina o el intervencionismo de Díaz, que elevará los precios como pasa con los alquileres.
PD.-Donde está a punto en desencadenarse una batalla campal para sustituir al presidente y al consejero delegado es en Unicaja. El director general, Sergio Corral, y el secretario general, Juan Medina, de la Fundación dueña de la entidad, pidieron que se marcharan uno por uno a los cuatro consejeros dominicales de la institución con la amenaza de que podrían salir a la luz "temas comprometidos". La negativa de éstos a largarse forzará una junta extraordinaria. Es una pena que se eche a los consejeros por su falta de vinculación con Málaga y su presunto apoyo al anterior presidente, Braulio Medel, y al consejero delegado, Manuel Menéndez, enfrentado al presidente actual, Manuel Azuaga. y no se tenga en cuenta si su gestión es correcta y fiel a los objetivos del banco. Sobre todo,, cuando tanto Azuaga como el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, fueron puestos por Medel como hombres de su confianza. La gobernanza está en juego, Calviño debería tomar cartas en el asunto para evitar otro enfrentamiento que se debilite la entidad.
