Madrid
El Gobierno tantea la posibilidad de trabajar con los bancos para canalizar los créditos que forman parte de las ayudas anti-crisis, del programa Next Generation, que la UE destina a España. El proyecto está en fase muy preliminar, aunque ya parece claro que la colaboración se restringiría a una parte de los 85.000 millones en préstamos que se esperan, aquélla que se utilizará para financiar proyectos relacionados con la sostenibilidad. Pese a estas limitaciones, la actitud del Gobierno supone un paso adelante respecto a la primera postura que mostró hacia la banca en este ámbito. Las entidades ya tendieron la mano para facilitar la circulación de las transferencias que constituyen el primer pilar de los fondos Next Generation. Los bancos cuentan con experiencia en el manejo de este tipo de pagos como evidencia su larga colaboración con la Política Agraria Común (PAC). El Ejecutivo renunció a esta ayuda y se privó así de un recurso que, muy posiblemente, habría ayudado a un reparto más eficiente de las transferencias procedentes de la UE. Ahora, en lo que se refiere a los créditos esa ayuda de los bancos es especialmente valiosa, considerando que se trata de recursos que Bruselas exige que se devuelvan. La banca dispone de una capacidad difícilmente igualable para analizar con máximo rigor la solvencia de los potenciales destinatarios de los préstamos europeos. Junto a ello, debe valorarse la capilaridad de sus redes, capaz de brindarle la posibilidad de llegar a todas las empresas interesadas en cualquier parte de España. Son todas ventajas que deben aprovecharse para que no se repita con las créditos europeos la lentitud que aún caracteriza a la llegada de las transferencias Next Generation a la economía real.
