El Gobierno sigue con su estrategia populista. Después de aprobar el impuesto a los bancos la semana pasada sin cambiar ni una coma, pese a las advertencias del BCE, Calviño acordó un código de buenas prácticas, que aplaza hasta cinco años la amortización del principal para rentas inferiores a 25.200 euros y congela hasta dos años el pago de las cuotas.
El pacto fue bendecido de inmediato por las dos patronales, AEB Y Cecabank. Pero en el sector existe un fuerte malestar porque entre ambas medidas pueden llevarse por delante la mitad del beneficio en España y poner en aprietos a pequeñas entidades financieras, que se vean obligadas a reducir el dividendo. El pacto colocará en riesgo de impago el 20% (alrededor de un millón) de todas las hipotecas, lo que incrementará significativamente las provisiones en unos meses.
"Primero se nos pide que no traslademos al cliente la subida de impuestos, que significará el 30% de los beneficios, y luego que aplacemos la amortización de las hipotecas sin ninguna contrapartida a cambio. Esto se va a traducir en un frenazo de los préstamos", advierten.
En las patronales bancarias se asegura que saludaron el acuerdo porque el resultado podría haber sido mucho peor. Durante los dos meses largos de negociaciones, Podemos mantuvo su presión para que el compromiso, en principio vigente durante dos años, se convirtiera en permanente, como quiere hacer con el nuevo gravamen a las comisiones bancarias.
"¿Qué balance aguanta que uno de cada cinco hipotecas sea calificada como dudosa de por vida? ¡Es una locura!, habríamos tenido que cerrar el grifo en seco. Y lo que es peor, las personas que se beneficien de estas condiciones mejoradas, quedarán marcadas en el futuro, sin posibilidad de obtener más crédito", advierten.
Aunque la banca es ahora mucho más sólida, la situación se hubiera complicada hasta límites próximos a la gran recesión, cuando la mayoría de las antiguas cajas de ahorro desapareció por el exceso de morosos.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, recuerda siempre que tiene ocasión que las entidades financieras juegan un rol esencial en la transmisión de la política monetaria del BCE para conseguir sus objetivos de "una inflación baja y estable, que preserve el poder adquisitivo del dinero y contribuya a un crecimiento económico sostenible". En este sentido, están obligadas a trasladar el incremento de los tipos de interés a los consumidores. En contrapartida, el gobernador últimamente insiste en solicitar un refuerzo de las provisiones porque, aunque a corto plazo pueden beneficiarse del mayor precio del dinero, a medio la crisis hará mella en sus cuentas.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificó el pacto con los bancos de positivo, pero "insuficiente". Las discrepancias en el seno del Gobierno sobre este aspecto no transcendieron más allá. Afortunadamente, al tratarse de un código de buenas prácticas no precisa de aprobación parlamentaria. El acuerdo está siendo ratificado por todas las entidades, aunque sea a regañadientes. Una vez firmado, su cumplimiento será obligatorio.
El Gobierno agita así una vez más el espantajo de Podemos para forzar acuerdos en el mundo empresarial. La explicación que dio el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, para aceptar el primer incremento que se produjo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros en 2018, así como de la polémica reforma laboral aprobada hace ahora un año es que la CEOE había tenido que escoger entre el mal menor. Pero el tiempo ha mostrado que sirvió de poco. Díaz volvió a subir el SMI este año a mil euros sin contar con los empresarios y Escrivá los sorprendió con un incremento de las cotizaciones sociales, que ni siquiera consultó con la patronal.
Más complicado lo va a tener el Gobierno con la reforma de las pensiones. Díaz advirtió esta semana al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que elevar el período de cálculo de las pensiones de 25 a 30 años merma los derechos de los trabajadores y dificulta su acceso a la jubilación. La vicepresidenta se equivoca porque, según los cálculos de la Seguridad Social, el efecto fiscal es neutro, gracias a que los perceptores podrán elegir los 28 mejores años de cotización y además protegerá a los entrantes.
Para convencer a Podemos de su reforma, Escrivá ofrece un incremento desproporcionado de las cotizaciones máximas hasta 2050, en relación con a las pensiones. Además de la inflación y del mecanismo de equidad intergeneracional, que grava con un 0,6% entre 2023 y 2032, las cotizaciones máximas soportarán una subida adicional del 35% hasta 2050, mientras las pensiones sólo mejorarán un 3% extra.
Escrivá había prometido que el destope de las cotizaciones no iba a perjudicar a los contribuyentes, que incrementarían en igual medida la pensión. Pero ahora se olvida de esas promesas, y asegura que esa equiparación se producirá de 2050 en adelante, cuando la generación del baby boom haya desaparecido o esté en su mayoría en los cementerios.
El ministro rompe el principio de contributividad recogido en la Constitución al cargar sobre las clases altas el peso del aumento de las pensiones, que se producirá durante las próximas tres décadas. Hace unas semanas, el Gobierno aprobó un impuesto de solidaridad, que aplicará a las autonomías que tengan bonificado el patrimonio. La persecución a las rentas altas es implacable.
No es la primera vez que Escrivá cede ante Podemos o radicaliza sus reformas para obtener su aprobación. La subida de las pensiones del 8,5%, que el próximo ejercicio costará la friolera de 15.000 millones suplementarios es sólo un botón de muestra. En esta ocasión, fue el presidente del Gobierno, Pedo Sánchez, quien le pidió que actualizara las pensiones con la inflación. Escrivá acató la orden, porque si no ya conoce la puerta de salida. Todo apunta a que la subida de las cotizaciones máximas y el nuevo impuesto a la banca, que Sánchez ya baraja en convertir en indefinido, se quedarán cortos para financiar las pensiones del baby boom.
Pero aquí no acaban las políticas sociales. La nueva ley de Familias, pendiente de ratificación parlamentaria, prevé duplicar de dos a cinco días el tiempo para atender a familiares de segundo grado, a la par que un permiso parental de ocho semanas hasta que el menor cumpla ocho años en medio de un contexto de crecientes dificultades económicas.
Los empresarios, amedrantados ya por las subidas fiscales arbitrarias, temen tener que que sufragar ahora las ocurrencias en material social de Podemos o de algunos miembros del Gobierno para conquistar el voto en las próximas citas electorales.
PD.-El Gobierno dio luz verde esta semana la nueva ley de start-ups con la que se pretende fomentar el emprendimiento y atraer talento extranjero a nuestro país, sobre todo, los llamados nómadas digitales.
La nueva normativa rebaja del 25 al 15% el tipo de sociedades durante los primero cuatro ejercicios en positivo a la par que amplía de 12.000 a 50.000 euros el dinero exento en stock options o de 60.000 a 100.000 euros la deducción anual por inversión en sociedades de nueva creación. Un esfuerzo comprensible de la Administración para crear un red de start-ups en nuestro país más allá de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
El problema es que cuando esos emprendedores tengan éxito y superen un patrimonio de tres millones, tendrán que abonar el impuesto de solidaridad, lo que provocará su huida de España. Es incoherente que se realice este esfuerzo si, al final, se acaba expulsando el talento.
