El Congreso aprueba excluir del impuestazo al 1,2% de la facturación de las energéticas, el correspondiente a los ingresos de las actividades reguladas. En concreto, las tarifas PVPC de electricidad y TUR de gas y el de las redes.
También queda exenta la actividad fuera de España. Estas medidas suavizan el impacto de la tasa, pero de forma muy limitada. Ello debido a que incomprensiblemente se siguen gravando los ingresos y no los beneficios, a pesar de que el argumento del Gobierno para implantar el impuesto era la supuesta ganancia extraordinaria del sector. Esta incongruencia saldrá cara a nuestra país ya que pone en riesgo 16.000 millones de inversión justo en un momento en el que el Gobierno impulsa su transición hacia las energías limpias.