Opinión

Urge reducir la mochila de la deuda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Eurostat muestra cómo la deuda pública crece a dos dígitos (medido en diferencia por puntos porcentuales) en varias de las principales economías europeas desde 2019 a 2021. Sin embargo, solo en el caso de España este avance supera los 20 puntos. Por ello, el pasivo nacional terminó el pasado año en el 118,3% frente al 98,2% de 2019. Se trata de una diferencia que supera en casi 10 puntos el avance promedio en toda la eurozona, situado en 11,5 y muy por encima de primeras economías de la UE, como Francia (15,4) Italia (16,2) o Alemania (9,7). La crisis sanitaria provocada por el Covid no sirve de excusa para explicar este mayor endeudamiento de España, ya que ha sido un problema que ha afectado a todos los países prácticamente por igual. De ahí que el único argumento válido resida en una política económica basada en el aumento del gasto público impulsada por el Gobierno. Un incremento que en este 2022 podrá compensarse por el incremento récord de la recaudación, por el fuerte rebote de la actividad y por el alza de inflación, tras la pandemia. El problema es que estos factores coyunturales dejarán de aportar ya en 2023. El proceso de normalización monetaria contendrá el IPC lo que mermará los ingresos públicos. Un menoscabo al que también contribuirá el menor crecimiento económico previsto para el próximo ejercicio. Ante este escenario de menor recaudación, el Ejecutivo debería haber llevado a cabo medidas de ajuste del gasto. Más aún en un contexto de agresivas subidas de tipos de interés, que encarecen la financiación. Pero, por desgracia, la única realidad es que el Gobierno sigue estirando el chicle del gasto para conseguir recuperar votos a costa de agravar el desequilibrio de las cuentas públicas y la mochila de la deuda.

Por ello, el pasivo nacional terminó el pasado año en el 118,3% frente al 98,2% de 2019. Se trata de una diferencia que supera en casi 10 puntos el avance promedio en toda la eurozona, situado en 11,5 y muy por encima de primeras economías de la UE, como Francia (15,4) Italia (16,2) o Alemania (9,7).

La crisis sanitaria provocada por el Covid no sirve de excusa para explicar este mayor endeudamiento de España, ya que ha sido un problema que ha afectado a todos los países prácticamente por igual. De ahí que el único argumento válido resida en una política económica basada en el aumento del gasto público impulsada por el Gobierno.

Un incremento que en este 2022 podrá compensarse por el incremento récord de la recaudación, por el fuerte rebote de la actividad y por el alza de inflación, tras la pandemia. El problema es que estos factores coyunturales dejarán de aportar ya en 2023. El proceso de normalización monetaria contendrá el IPC lo que mermará los ingresos públicos. Un menoscabo al que también contribuirá el menor crecimiento económico previsto para el próximo ejercicio.

Ante este escenario de menor recaudación, el Ejecutivo debería haber llevado a cabo medidas de ajuste del gasto. Más aún en un contexto de agresivas subidas de tipos de interés, que encarecen la financiación. Pero, por desgracia, la única realidad es que el Gobierno sigue estirando el chicle del gasto para conseguir recuperar votos a costa de agravar el desequilibrio de las cuentas públicas y la mochila de la deuda.

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