El Gobierno acumula un importante retraso en la gestión de los fondos Next Generation. No en vano, solo se ha resuelto un 5,4% de los Pertes, y un 19,5% del total de pagos reconocidos o trasferidos.
Se trata de unos porcentajes a todas luces exiguos considerando las expectativas que el Ejecutivo había levantado a través de sus propios presupuestos en los que se preverían 26.000 millones solo en el pasado año. Los datos también reflejan que la mayor parte de esta ayuda europea lanzada con el objetivo de impulsar la recuperación post-Covid no ha llegado a la economía real. La causa de ello está en la falta de transparencia y en la excesiva burocracia, tanto por parte del Gobierno como de las CCAA (el 50% del dinero ya está en manos de los Ejecutivos regionales), que imposibilita a las empresas acceder a esos fondos. El gran problema es que el retraso ya acumulado impedirá a las compañías justificar antes del 31 de agosto de 2026, ques es el tope marcado por Bruselas, en qué han utilizado las ayudas, lo que es una condición de obligado cumplimiento. El Ejecutivo, por tanto, está obligado a negociar con Bruselas una ampliación del plazo de ejecución de los Next Generation hasta 2027 o 2028, como hará en el automóvil. Una prórroga que será difícil pero no imposible de conseguir. No obstante, e independiente de que se logre ese necesario aplazamiento, es evidente que la gestión hasta ahora realizada con los fondos debe agilizarse.
El retraso en la ejecución de los fondos 'Next Generation' obliga al Gobierno a negociar con Bruselas un aplazamiento
Para ello resulta imprescindible que toda la administración elimine las trabas burocráticas que ralentizan la aprobación de los Pertes. Sin esa mejora, se corre el grave riesgo de repetir el fracaso de las ayuda al Gobierno para pymes y autónomos de 2021 y haya que devolver el dinero a Europa.
