Hacienda adelantará a 2022 la entrada en vigor del impuesto a los grandes patrimonios, con el que espera ingresar 3.000 millones en dos años.
Con ello, pretende que el nuevo tributo entre en vigor durante los años 2022 y 2023 para que tenga efecto en la recaudación de los dos próximos años, que coinciden con la liquidación de dicha tasa. La AIReF ya anticipó esta misma semana la posibilidad de que el Ejecutivo realizara esta maniobra para lograr el objetivo de ingresos incluido en el plan presupuestario remitido a Bruselas hace unas semanas. En dicho documento, el Gobierno prevé que la recaudación marque un nuevo récord histórico en 2023 al dispararse un 7,7% hasta los 262.781 millones de euros. Una estimación irreal. Así lo cree la propia AIReF y también el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos que, con lógica, estiman que el proceso de normalización monetaria contendrá los precios, lo que mermará los ingresos públicos. Un menoscabo al que también contribuirá el menor impulso económico previsto para el próximo ejercicio. Ambos factores elevan la incertidumbre sobre el rendimiento de los impuestos, a pesar de que la ministra Montero asegura que "la inflación explica solo el 25% de la mayor recaudación" e incluso ve margen para que los ingresos ofrezcan un colchón de 10.000 millones más para prorrogar las medidas anti-crisis que no están incluidas en los Presupuestos.
El adelanto en la entrada en vigor del impuesto a las grandes fortunas aumenta las dudas respecto a la previsión de ingresos
Con ello, la ministra trata de demostrar confianza en unas previsiones que ni ella misma parece creerse. Es más, el mero hecho de impulsar un adelanto en el impuesto a los mal llamados ricos deja claro que Hacienda necesita ingresos extra, ahora que su cuadro macroeconómico se está viendo desbordado por la realidad.
