A finales de junio terminaron los alivios (especialmente moratorias y carencias en el pago principal de créditos) para las empresas que se beneficiaron, en los peores momentos de la pandemia, de la financiación avalada por el ICO.
Sin duda estas medidas respondieron a una situación por completo excepcional y, una vez que la emergencia sanitaria desapareció, resulta lógico que se pusiera un límite a su vigencia. No obstante, debe reconocerse que el término de las moratorias ha coincidido con un momento especialmente complicado que nadie previó, cuando los máximos históricos de la inflación han multiplicado los gastos de las empresas en suministros tan básicos como la energía. Por todo ello, no es casual que el número de empresas en concurso registre a finales de septiembre el mayor repunte de dicho mes en los últimos diez años. Así, se han contabilizado un total de 718 insolvencias, un 90,5% más que en mismo periodo de 2021, alcanzándose una cifra acumulada en este 2022 de 4.237 concursos. Por desgracia, todo indica que la fuerte destrucción que el tejido empresarial ya muestra se mantendrá en los próximos meses. A ello contribuirá la persistencia de los problemas ya indicados más la suma de nuevas dificultades, como la cada vez mayor sombra de recesión en Europa, que amenaza el consumo y con ello la actividad, y el encarecimiento de la financiación empresarial, por el impacto de las subidas de tipos de interés del BCE.
El fin de las moratorias, la inflación, la crisis y la subida de tipos incrementan un 90% las insolvencias empresariales
La suma de todos estos factores configura un final de año muy complicado para las empresas, lo que aumentará las quiebras. Esto generará problema al sector financiero, al aumentar los impagos. Pero también a la economía, por el frenazo de la actividad y a la Justicia, por el alza de los litigios.
