He mirado en detalle los Presupuestos en busca de las ayudas a las clases medias y trabajadoras que predica el presidente del Gobierno y no he encontrado ninguna. Al contrario, sale muy perjudicada.
Hacienda prevé ingresar el año que viene 113.123 millones por IRPF, de los que el 60% proviene de estas clases medias. La cifra representa un incremento de mas de 8.000 millones con respeto a este ejercicio (+7,7%). La mejora no se debe a la creación de empleo (la tasa de paro apenas se reducirá en medio punto, en las previsiones más optimistas), sino a la inflación y al incremento de las cotizaciones sociales para pagar las pensiones. Es decir, el incremento de la recaudación procederá mayormente de la revalorización de los salarios de estos trabajadores.
El problema es que la inflación es una trituradora de rentas medias y bajas. Los que tienen menos ingresos son los más afectados, porque destinan un mayor porcentaje de sus ingresos al consumo de alimentos y de productos de primera necesidad. La pérdida media del poder adquisitivo estimada para este ejercicio ronda el 12% de media.
La clase trabajadora, a la que el Gobierno quiere proteger, resultará doblemente perjudicada porque, a la pérdida de poder adquisitivo, hay que sumar que abonarán más impuestos, debido a que Hacienda se niega a actualizar las tarifas del IRPF.
En 2022 y 2023, las clases medias aportarán un el 12% más a las arcas públicas por este motivo. No hay alivio fiscal por ninguna parte. Entre unas cosas y otras, la inflación y los impuestos se llevarán por delante más del 20% de las rentas disponibles de las clase trabajadora, una barbaridad.
Sánchez dice una cosa y luego hace otra. Los beneficiarios de su política no es la clase media, sino grandes colectivos como pensionistas, funcionarios, perceptores de la renta básica o usuarios de los transportes públicos. Hacienda engloba las partidas destinadas a estos colectivo dentro del capítulo de gasto social, que crece a doble dígito, el 10,5% (hasta superar 266.000 millones).
Según el documento distribuido por Hacienda, hay 17,7 millones de personas, sin incluir las madres con hijos menores de tres años, que se beneficiarán de algún tipo de dádiva o ayuda oficial por parte del Gobierno, lo que equivale al 46% del censo electoral. Uno de cada dos votantes se verán favorecidos en vísperas de un año en el que se celebrarán comicios autonómicos, locales y, finalmente, elecciones generales.
Y todavía no está cerrada la tómbola electoral, porque aún queda la entrega de los cheques para la compra del apoyo parlamentario de los socios de coalición, como ERC, Bildu o el PNV.
El Estado, en lugar de contribuir a contener los precios al consumo, se convertirá así en uno de sus impulsores gracias a su política expansiva. En tiempos de crisis como la que se avecina, el papel del Gobierno debería ser la de arrimar el hombro como cualquier ciudadano y recortar el gasto corriente. En esta ocasión se hace lo contrario. El techo de gasto alcanza el tercer récord absoluto consecutivo, con un incremento del 1,9% (173.065 millones), sin contar con los fondos Next Generation.
Hacienda pone en riesgo con esta política el pacto de rentas defendido por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, al acordar un alza del 9,5% para los funcionarios los tres próximos años, muy por encima del 2,5% anual recomendado para el resto de la población activa. Aunque el incremento que más sonroja es el de los jubilados (8,5%), porque no se trata de un alza ocasional, sino que se queda en la estructura del coste de pensiones para toda la vida. Otros países como Portugal aprobaron pagas extraordinarias para hacer frente a esta coyuntura extraordinaria.
Toda esta exuberancia del gasto no sería preocupante si tuviéramos unas cuentas saneadas y una coyuntura económica estable. Hacienda presume de que el déficit público se reducirá un 3,9% en 2023 y un 3% en 2024. Ya se sabe que el papel lo aguanta todo, pero una vez más las cuentas no están claras.
El total de los ingresos financieros del Estado aumentará el 6% el próximo año, hasta 307.446 millones. Las partidas que más crecen son las de IRPF y Sociedades, con aumentos del 7,7%. En el caso del Impuesto de la Renta, el Gobierno ha tenido que tirar de un aumento de las cotizaciones sociales, sin consultar siquiera a los agentes sociales, para cuadrar las cuentas.
Las cotizaciones máximas subirán en más de medio punto (8,6%) para sufragar las pensiones. De esta manera, se encarecen los costes laborales en un momento en que las empresas sufren ya elevados costes por la inflación o la energía. No creo que la tasa de paro vaya a bajar seis décimas (del 12,8% al 12,2%) como prevé Montero, lo lógico es que se incremente.
Montero asegura que las cuentas son conservadoras, porque en los ingresos tributarios no ha contabilizado los 3.500 millones por los impuestos extraordinarios a los bancos y energéticas, ni tampoco los 1.500 millones del tributo de solidaridad de los ricos.
Se guarda unos 5.000 millones, que unidos a los ingresos tributarios extra de casi 17.422 millones, crearían un colchón de unos 22.500 millones para imprevistos. El problema es que con excepción del bono transporte subvencionado, el Presupuesto tampoco recoge ninguna medida del paquete para contener los costes energéticos, como la subvención de las gasolinas o las rebajas del IVA de gas y electricidad, que costarán este año unos 15.000 millones. ¿Va a suprimirlas en un año electoral y con Putin amenazando con cerrar este invierno definitivamente el grifo del gas? El colchón quedará en colchoneta después de descontar el coste de las nuevas medidas.
Pero aún es peor, porque nade garantiza que la economía vaya a crecer el 2,1% en 2023. La estimación oficial es siete u ocho décimas superior a la del Banco de España o la Autoridad Fiscal (AIReF).
Las actas de la última reunión del BCE, en la que acordó subir 75 puntos básicos los tipos de interés, ponen los pelos de punta. Una buena parte de los miembros de su consejo, hay que recordar que en su mayoría son gobernadores de bancos centrales, advertían de una profunda recesión con tasas de inflación elevadas, el peor escenario posible.
El crecimiento de la economía española el próximo año tiene fundamentos muy débiles, depende totalmente de los fondos que llegarán de Europa. Calviño cifra su impacto en el 2,8% del PIB, siete décimas más que la previsión de crecimiento oficial. ¿Y qué pasará con el consumo y el resto de las inversiones cuando el BCE sube las tasas de interés al 3% o el 4%, más del triple del nivel actual?
El escenario macroeconómico está cogido con alfileres, los Presupuestos están basados en un incremento de los impuestos para las clases medias trabajadoras y los ricos y en una previsión de ingresos fiscales que son la cuenta de la lechera, pueden quedar hechos añicos en pocos meses.
PD.-Una de las operaciones que mayor interés despierta es la reorganización accionarial de Naturgy. El responsable del fondo CVC, Javier de Jaime, propietario del 20% de la gasista hispana aseguró el jueves que no tiene un plazo para su salida. Sus declaraciones, lejos de tranqulizar, causan más inquietud, porque CVC se puede convertir en el aliado del futuro comprador el otro 20% de Naturgy, en manos del fondo estadounidense GIP. El mercado apunta a Total Energies, la petrolera francesa que ya puso un pie en nuestro país con la adquisición de los activos de EDP.
Los posibles movimientos accionariales, unido al retraso en el proyecto Géminis, lanzado por su presidente, Francisco Reynés, para dividir la multinacional en dos, complican la entrada en juego del único candidato español que podía estar interesado en la adquisición del negocio no regulado: Repsol.
La petrolera presidida por Antonio Brufau tiene una envidiable tesorería de unos 11.000 millones, después de la venta del 25% de sus activos de producción de crudo por casi 5.000 millones (3.500 descontada la deuda). Pero una operación sobre el total de Naturgy, valorada en unos 22.000 millones, obligaría a un importante apalancamiento en un momento en que el endeudamiento se encuentra muy penalizado en los mercados financieros.
