Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 incluyen una transferencia récord para, según la ministra María Jesús Montero, "garantizar la sostenibilidad" del sistema público de pensiones.
En concreto, la partida roza los 39.000 millones, tras crecer un 7,2% respecto al pasado ejercicio. El problema es que este esfuerzo no servirá para eliminar el déficit de la Seguridad Social, que se mantendrá en el 0,5% tanto este año como el que viene. Así lo reconoce el propio Gobierno en el libro amarillo que recoge el proyecto de ley de Presupuestos. La razón de que el sistema de pensione se aleje de la senda para acabar con su déficit está en que el alza del gasto en pensiones de 2023 contrarrestará tanto el aumento previsto de las cotizaciones como las transferencias de los denominados gastos impropios (19.888 millones). Ambos factores hasta ahora estaban teniendo un impacto clave a la hora de reducir el desequilibrio de las cuentas. De hecho, el ministro Escrivá planteó incluso que los citados gastos impropios permitían asumir el impacto de derogar el índice de revalorización del PP y vincular las pensiones a la evolución de los precios. De esta forma, el sistema podría hacer frente a la jubilación de la generación del baby boom en una situación más desahogada. Pero esta estrategia se ha visto truncada por la escalada de la inflación, que dispara el desembolso en pensiones. Para aliviar este impacto tampoco es suficiente el aumento de los ingresos por cotizaciones del 11,5% ni las ya citadas transferencias del Estado.
A pesar del incremento del 7,2% en las transferencias del Estado, el déficit de la Seguridad Social sigue vigente
Se vuelve a demostrar el alto coste de una decisión como ligar las prestaciones al IPC tomada con claros intereses electorales, pero que compromete la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones.
