El Gobierno lleva meses demostrando ser plenamente consciente del ciclo electoral del próximo año, con autonómicas, municipales y generales.
Así lo ha reflejado con las medidas económicas que ha ido aprobando a lo largo de 2022, incluyendo aquellas que componen sus dos paquetes anti-crisis. Todas ellas coinciden en que se dirigen a un amplio espectro de la población. Lo mismo ocurre con los Presupuestos de 2023. En concreto, iniciativas como la revalorazión de las pensiones y el salario de los funcionarios, el incremento del Ingreso Mínimo Vital, la prórroga de la bonificación del abono transporte, la mejora económica para el bono social térmico y la prórroga de la ayuda al alquiler para los jóvenes afectan a más de 17 millones de personas. Una cifra que se corresponde con prácticamente la mitad del electorado (46%) y que aumenta los indicios que apuntan a que el gran objetivo del Gobierno es captar votos y frenar la sangría de pérdida de apoyos que están mostrando todos los sondeos electorales. A ello contribuye también el hecho de que Moncloa obvia cualquier decisión que pueda implicar recortes en el gasto público, como reducir el exagerado número de asesores y ministerios.
El objetivo del Gobierno con el alza de gasto social récord es frenar la sangría de pérdida de votantes a golpe de talonario
A cambio, los economistas contemplan con estupor como se toman decisiones que impulsan el 1,9% el techo de gasto (sin pensiones y fondos europeos) hasta el récord de 173.065 millones, a pesar de la desaceleración de la economía. No en vano el Banco de España ya recorta hasta solo el 1,4% la previsión de crecimiento para 2023, siete décimas menos que la expectativa de Moncloa. Ante este escenario, el Gobierno debería haber tomado medidas para incentivar la inversión y la actividad y no utilizar los Presupuestos para recuperar votos.
