El Gobierno volvió a confirmar con su paquete fiscal presentado el jueves su política impositiva basada en castigar a los sectores más acaudalados de la sociedades y a las grandes empresas.
De hecho, los convierte en los grandes financiadores de las rebajas fiscales destinadas a aliviar el impacto de la inflación y de la crisis en las clases más vulnerables, pymes y autónomos. Medidas que, por otro lado, son claramente insuficientes. Así, el último impuesto electoralista del Ejecutivo a los mal llamados ricos supondrá una recaudación extra de 1.500 millones, por los 2.439 millones que las arcas públicas recibirán con el nuevo paquete tributario dirigido a las grandes empresas del Ibex. Un golpe que se suma al hecho incontestable de que la presión fiscal a los que más ganan ya es considerable. Lo demuestra el hecho de que el tipo marginal en el IRPF de España es el cuarto mayor a escala europea, con un 54%. Como era más que previsible, el reciente hachazo del Gobierno ha generado inquietud entre las grandes fortunas. Así lo reconoce la banca, al admitir que crecen las consultas de sus clientes con altos patrimonios. Muchos de ellos buscan asesoramiento ante la opción de salir del país para eludir el tributo. Algo que no es probable ya que el gravamen se aplica a la riqueza a nivel mundial. Con todo, la economía sí que recibirá el impacto lesivo del injusto castigo a los ricos.
Las grandes fortunas buscan asesoramiento en la banca ante un nuevo castigo fiscal que espanta la inversión
En concreto, la nueva tasa ahuyentará a los inversores extranjeros de España, que llevarán su dinero a otros países (como Portugal) con menor afán recaudatorio. Pero además, el golpe a las personas y empresas con más recursos para invertir es un claro freno al estímulo económico, ya que reduce su capacidad para crear riqueza y empleo.
