Quince patronales industriales que representan a unas 40.000 empresas han remitido una carta a Hacienda en la que piden retrasar un año la entrada en vigor del impuesto a los plásticos prevista para 2023. Con lógica, consideran que el gravamen generará un incremento innecesario de los precios.
El Gobierno ha de escuchar esta petición de las empresas. Sin duda, el actual no es el momento más indicado para elevar aún más los costes fiscales de la industria, ya que acabarán repercutiendo en los propios consumidores. Pero, además, el Ejecutivo debe tener en cuenta que existe escasez de plástico reciclado (libre de cargas impositivas) por la falta de materias primas. Un factor que hace aún más perentoria la demora en la tasa por la que instan las firmas industriales.
