Esta semana hemos conocido dos malas noticias: la guerra de Ucrania se alargará durante mucho tiempo y la subida de los tipos de interés también y, por ende, el daño para la economía será mayor.
En el frente militar, Putin no va a cejar hasta lograr sus objetivos o salir con los pies por delante. La presión del ala dura le obliga a una escalada del conflicto. Fíjense que el reclutamiento de 300.000 civiles supone más que suplicar los recursos humanos hasta ahora, que eran 200.000 soldados.
En cuanto a las armas nucleares tácticas, hay muchas dudas de que se usen en grandes ciudades como Kiev, dada la cercanía de la frontera rusa. El alcance de la explosión nuclear es difícil de controlar, como se vio en Chernobil, antes probará con armas químicas o biológicas.
Sobre las consecuencias económicas, cada día son peores. Los bancos centrales de Europa y EEUU se equivocaron en la percepción del conflicto. Creyeron que la inflación iba a ser pasajera y ahora tienen que sobreactuar para controlarla, lo que conlleva el riesgo de provocar una gran recesión.
La gravedad de la situación la van dando a conocer en pequeñas dosis. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, fue el primero en abrir el melón de las sorpresas en la cumbre de Jackson Hole a finales de agosto. Powell reconoció que el alza de precios estaba lejos de resolverse y la FED se aplicaría a ello sin paliativos.
El miércoles subió por tercera vez consecutiva la tasa de interés en setenta y cinco puntos básicos y se espera que ese movimiento se repita en la primera semana de octubre. La Fed revisó sus previsiones, el año concluirá con tipos al 4,4%, más de un punto por encima del nivel actual.
Lo peor no es este ejercicio. Hasta ahora el mercado esperaba un rápido endurecimiento de la política monetaria en 2022, seguido de una relajación en el que viene, lo que apuntaba a una crisis corta.
El Comité Abierto de la Fed pronosticó esta semana, sin embargo, que los tipos sólo bajarán medio punto en 2023 (al 3,9%) y un punto adicional en 2024 (2,9%). Es decir, tendremos tipos por encima del 3% hasta fin de 2024. Y eso contando con que no empeore la previsión.
¿Qué ocurrirá en Europa? En el BCE también se maneja internamente que los tipos permanecerán altos un par de años, la misma fecha que la Fed, y alcanzarán el 4% en 2024. Es difícil realizar pronósticos con exactitud sin saber cómo va a ir la guerra o las cadenas de suministro, pero todos los datos apuntan a dos años de tipos altos como mínimo.
La siguiente pregunta es si vamos a recesión y por cuánto tiempo. De momento, los dos grandes bancos centrales eluden la palabra maldita, recesión, para no alarmar. Para evitar pronunciarse, el BCE la condicionó a que Putin corte totalmente el suministro del gas, que todos damos por hecho.
La Reserva Federal echa mano de pronósticos anuales para sortearla. Redujo a sólo dos décimas el crecimiento americano para este año y lo dejó en poco más de un punto el que viene. Pero ¿quién es capaz de precisar con un margen de sólo dos décimas el comportamiento económico en 2022? Además, aunque no da pistas sobre las tasas intertrimestrales, se entra en recesión en el año con dos trimestres en negativo.
En resumen, los bancos centrales usan malabares dialécticos para esconder el panorama que se avecina. En el mejor de los casos, se producirá un estancamiento con precios elevados, lo que se denomina estanflación, con importantes pérdidas de poder adquisitivos y conflictos sociales en ciernes.
Y en España ¿cómo vamos a afrontar los dos próximos ejercicios complicados? Se desconoce si alguien está pensando en un plan anticrisis serio. Al contrario, la última medida anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es un alza de impuestos, justo lo que desaconseja cualquier manual básico para luchar contra la desaceleración. La política económica hace tiempo que camina en dirección contraria.
Medidas populistas como la subvención del litro de gasolinas o del transporte público crea una sensación de alivio temporal en el bolsillo de los ciudadanos, pero no reducen la inflación e incrementan el gasto. Falta una política económica dirigida a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos o a redirigir esas ayudas generalizadas a las clases más vulnerables, como recomiendan desde el FMI a la OCDE.
La prueba palmaria del fracaso del Gobierno es que España tiene la tasa más alta de inflación de los grandes países de la UE, con más del 10%. Para taparlo, Sánchez y sus ministros acólitos han diseñado una estrategia de echar la culpa primero a las grandes empresas y luego a los ricos, cuando la recaudación de todo el impuesto de Patrimonio representa una suma inferior a los 2.000 millones, que no serviría para aliviar a los ciudadanos.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, quitó la espoleta de la financiación autonómica al anunciar la supresión del Impuesto de Patrimonio. Pero era una bomba a punto de estallar, porque Sánchez no ha hecho más que subir impuestos, con excepción de los energéticos desde que estalló la guerra. Debería haberlos reducido, como han hecho las cinco autonomías del PP. Somos el país desarrollado que más incrementó la presión fiscal en la legislatura, según la OCDE.
Patrimonio es un tributo obsoleto que no existe en el resto de la Unión Europea y, por tanto, hacen bien Moreno Bonilla y Ayuso en suprimirlo. El resto de las autonomías deberían quitarlo en cuanto puedan, como anunció el murciano, Fernando López Miras. Hasta el presidente catalán, Pere Aragonés, está dispuesto a retirar Patrimonio a cambio de recibir una compensación del Estado.
Hacienda debería acometer la reforma de la financiación autonómica, pendiente desde hace más de un lustro y que aplazó a la próxima legislatura. Pero no cercenar las competencias fiscales de las autonomías.
Hay que dejar a los gobiernos regionales un margen para la gestión del IRPF, como se hace en Europa y recoge la Constitución. ¿Permitiría la ministra de Hacienda que Bruselas armonizara todos los impuestos europeos? Bueno, Montero lo llama armonizar, pero quiere decir recentralizar, como reconoció Escrivá en Onda Cero.
El gran beneficiario de la inflación no son las grandes empresas ni los empresarios, que ven reducidos sus márgenes, si no el Gobierno. La recaudación fiscal se incrementará en unos 55.000 millones este año, a la luz de los datos del primer semestre, a los que habría que añadir entre 8.000 y 10.000 millones que se ahorrará al no deflactar la tarifa del IRPF.
Como Sánchez evaluó en 30.000 millones el dinero extra destinado a la crisis energética, incluido el recorte del IVA a la luz y el gas, quedan entre 15.000 y 25.000 millones (si contamos la no actualización de la tarifa del IRPF), que el Ejecutivo podría utilizar en reducir los tributos a autónomos y pymes en dificultades o a los ciudadanos con menores ingresos, como anuncian Galicia o Murcia. Una política así beneficiaria a "clases medias y trabajadoras", como promete Sánchez.
Las clases medias y los trabajadores van a ser los grandes paganos de esta crisis, que no le quepa duda a nadie, porque atacando a las grandes empresas y a los empresarios lo único que logrará es retraer las inversiones y la creación de empleo. El paro subió brutalmente en los dos últimos meses, pese a que se presumía de lo contraigo.
La sangría económica se extenderá en los próximos meses sin un plan para prevenirlo. La política actual fomenta la inseguridad jurídica, levanta una barrera para las inversiones nacionales y extranjera y es abiertamente contractiva. Los 25.000 millones que Hacienda se embolsa de más por la inflación deberían volcarse en impulsar la economía. La vicepresidenta Nadia Calviño, en un gesto de ortodoxia fiscal, prefiere destinarlo a reducir el déficit y la deuda pública. Es respetable, pero luego que no culpen a los empresarios de las penurias de la población en un discurso populista.
Para colmo de males, Montero, en su doble papel de titular de Hacienda y vicesecretaria general de los socialistas, utilizará los Presupuestos como arma fiscal para atraer el apoyo de Podemos (en descomposición irreversible) y de sus socios de ERC o Bildu. Como los Presupuestos no permiten la introducción de nuevos impuestos, sólo la reforma de los ya existentes, planea elevar los gravámenes de las rentas del capital, que redujo Zapatero, y dar otra vuelta de tuerca a los que más ingresen por IRPF en nombre de una justicia fiscal inexistente. Una patraña, que ahondará la crisis y golpeará a la clase media y trabajadora.
PD.- El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, espera ser reelegido por aclamación al frente de la CEOE a fines de noviembre. Pero existe un creciente descontento entre los empresarios, que no se sienten bien defendidos de las constantes embestidas del Ejecutivo, o tras la firma de acuerdos como la reforma laboral. Todo el mundo está expectante para conocer si alguien da el paso y se presenta, después de que Garamendi no lograra el apoyo unánime de sus vicepresidentes. La mayoría anda demasiado ocupado en resolver los problemas de sus empresas, aunque la incertidumbre se mantendrá hasta al primera semana de noviembre, que termina el plazo para las candidaturas.
