Madrid
La reforma de la regulación de los concursos que afectan a empresas permitirá a los acreedores que impongan, a través de un juez, la reestructuración de una empresa aunque su dueño se oponga. Es comprensible que los juristas celebren este paso ya que equipará la legislación española a la propia de los principales países europeos y cuenta además con plenas garantías jurídicas.
No en vano será el magistrado quien dirima que la recapitalización es una solución necesaria a las dificultades en que se encuentra la empresa. Pero, sobre todo, la nueva normativa terminará con el desequilibrio actual, que otorga a los dueños una capacidad de veto que permite que firmas en apuros se mantengan en esa situación, sin pagar sus deudas, durante largos periodos de tiempo.
